Por unanimidad, el Congreso de Hidalgo ratificó la reforma turnada por el Congreso de la Unión, para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas de todo el país.
Durante la sesión ordinaria de este 27 de septiembre, avalaron la modificación hecha a nivel federal al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Diana Rangel Zúñiga, leyó la iniciativa propuesta por el poder ejecutivo federal. Dicha reforma, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, un cambio que mejorará significativamente su situación jurídica actual.
Además, propone, adicionar y derogar varios apartados del artículo segundo, relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.
En esencia, la reforma reconoce a México como una nación indivisible y pluricultural, sustentada en la diversidad de sus pueblos indígenas, quienes tienen una continuidad histórica desde las sociedades precoloniales. Estas comunidades mantienen sus propias instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas.
También, la reforma ratificada por el Congreso de Hidalgo establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación dentro de un marco constitucional que les otorgue autonomía. Para reconocer a estos pueblos y comunidades, se consideran aspectos etnolingüísticos, su ubicación geográfica y la autoadscripción.
¿Qué más avala está reforma?
De igual forma, reconoce a estas comunidades como sujetos de derecho público. También destaca la obligación de la consulta libre, previa e informada; la protección del patrimonio cultural; el reconocimiento de las lenguas indígenas y la educación.
De igual forma, su reconocimiento a la salud y la medicina tradicional; el acceso a los medios de comunicación; el reconocimiento del trabajo comunitario. Así como la protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres, igual que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades afro-mexicanas.
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La reforma avalada por el Congreso de Hidalgo representa un avance en los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas. Busca superar las brechas de desigualdad y discriminación que estas comunidades sufrieron a lo largo de los años.
Plantea que son sujetos de derecho público, brindándoles mayor autonomía para gestionar sus territorios.
Debate sobre la reforma indígena ratificada por el Congreso de Hidalgo
Asimismo, la diputada Diana Zúñiga manifestó que estos grupos son fundamentales en la construcción de la identidad nacional.
Criticó los siglos de opresión, marginación y despojo que estas comunidades han sufrido a manos de un modelo económico y político colonial y neoliberal. Abogó por un modelo económico alternativo que priorice el bienestar comunitario. Y que la riqueza generada en los territorios indígenas beneficie a sus comunidades, en lugar de a corporaciones transnacionales.
También exigió que termine la criminalización de los defensores del territorio y los líderes indígenas. Defendió la necesidad de una reparación histórica por los agravios cometidos contra estos pueblos desde la colonización hasta hoy.
Por otro lado, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna anunció su voto a favor de esta reforma indígena en el Congreso de Hidalgo. Destacó aspectos positivos como la obligación de consultar a estas comunidades antes de adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlas.
Sin embargo, expresó su preocupación por una disposición que permite que solo los pueblos, comunidades indígenas y afro-mexicanos impugnen cualquier afectación relacionada a su derecho a la consulta.
Consideró que esto podría restringir el alcance de la protección de los derechos indígenas, al limitar que solo ellos impugnen.
La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Unión el 5 de febrero de 2024. Las y los legisladores federales la aprobaron el 18 de septiembre del mismo año con 492 votos a favor en general y 483 votos a favor en lo particular.
Posteriormente, el Pleno del Senado de la República avaló el dictamen el 24 de septiembre con unanimidad de 127 votos. El Poder Legislativo de Hidalgo avaló el dictamen, ya que se requería la aprobación de al menos 17 congresos estatales.
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