Por unanimidad, el Congreso de Hidalgo aprobó un exhorto dirigido a los 84 ayuntamientos del estado para que establezcan sanciones contra quienes ocupen de manera indebida los cajones de estacionamiento reservados para personas con discapacidad.
Los legisladores señalaron que los gobiernos municipales deberán adecuar sus bandos de policía y gobierno, así como sus reglamentos de tránsito. Esto para sancionar a quienes utilicen estos espacios sin contar con la autorización o acreditación correspondiente.
Los diputados advirtieron que la ocupación irregular de cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad es una práctica frecuente en Hidalgo. Esto pese a que en muchos casos no existen mecanismos efectivos para castigar estas conductas.
Asimismo, llamaron a los ayuntamientos a fortalecer la vigilancia en estacionamientos públicos y privados de uso público. Lo anterior con el propósito de garantizar que estos espacios permanezcan disponibles para quienes realmente los requieren.
Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las autoridades deben garantizar condiciones de accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad, mediante acciones que eliminen barreras y protejan sus derechos.
Los legisladores señalaron que la ocupación indebida de estos espacios vulnera el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad. Por ello, consideraron necesario fortalecer las medidas para prevenir y sancionar estas conductas en todo el estado.
Proponen facilitar el cambio de nombre por casos de acoso
Durante la misma sesión, la diputada local de Morena, Tania Meza Escorza, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. Esto con el objetivo de facilitar el cambio de nombre cuando una persona sea víctima de acoso, burlas, discriminación o cualquier otra forma de violencia.
La legisladora explicó que la reforma permitiría solicitar el cambio de nombre ante el Registro del Estado Familiar mediante un procedimiento administrativo. Lo anterior siempre que la persona acredite que su identidad ha sido motivo de hostigamiento o afectaciones a sus derechos.
Señaló que el trámite podría resolverse en un plazo aproximado de 30 días y aclaró que la modificación únicamente abarcaría el nombre propio. En este sentido, no habría alteración en la filiación, los apellidos ni los derechos y obligaciones legales de la persona solicitante.
La diputada afirmó que la iniciativa busca brindar una alternativa jurídica ágil para proteger a quienes enfrentan situaciones de violencia o discriminación derivadas de su nombre.
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