El secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, informó que la dependencia sancionó a 95 empresas constructoras por diversas irregularidades detectadas en la ejecución de obras públicas.
El funcionario precisó que 18 de esos casos corresponden específicamente a proyectos de infraestructura pública.
Entre ellos se encuentran ocho obras carreteras, tres tanques de almacenamiento de agua, tres redes eléctricas y un parque recreativo. También una planta de tratamiento, un pozo de agua y un hospital, además de otras construcciones.
Explicó que cada expediente se analiza de manera individual antes de determinar alguna responsabilidad. Esto debido a que la Contraloría de Hidalgo debe identificar si las irregularidades obedecen a incumplimientos de las constructoras; a factores extraordinarios, como fenómenos climatológicos; o deficiencias en la planeación de los proyectos.
Asimismo, señaló que la Contraloría supervisa los procesos de entrega-recepción de cada obra para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas y contractuales.
Añadió que las constructoras están obligadas a responder por posibles defectos mediante las garantías de cumplimiento, las cuales permanecen vigentes hasta por un año después de la entrega de las obras.
El contralor indicó que cada año se ejecutan alrededor de tres mil 700 obras públicas en Hidalgo. De ese total, aproximadamente tres mil corresponden a los municipios y 700 al gobierno estatal.
También destacó que cerca de 30 mil ciudadanos participan en las contralorías sociales. Este mecanismo permita a la ciudadanía vigilar el desarrollo y ejecución de obras públicas estatales y municipales.
Contraloría de Hidalgo mantiene vigilancia sobre posibles dobles plazas
Álvaro Bardales informó que la dependencia también mantiene revisiones para detectar posibles casos de servidores públicos que cuentan con dos o más plazas en distintas dependencias.
Explicó que la Contraloría trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) para revisar las nóminas del sector educativo y de los ayuntamientos. Esto con el propósito de identificar posibles incompatibilidades laborales.
El funcionario añadió que continúan los procedimientos administrativos contra servidores públicos que incumplieron sus obligaciones tanto en el ámbito municipal como en el estatal.
Finalmente, señaló que la dependencia también supervisa los procesos de adjudicación de obras municipales. Lo anterior para verificar que los gobiernos locales cumplan con la normativa vigente y ejercen correctamente los recursos públicos.
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