El Congreso de Hidalgo aprobó la improcedencia de cuatro solicitudes de juicio político contra los alcaldes de Francisco I. Madero, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, y Tolcayuca. Esto, debido a que consideraron no estaban debidamente fundamentadas ni contaban con elementos suficientes para proceder.
El diputado José Noé Hernández Bravo, integrante de la primera Comisión Instructora, explicó que, tras el análisis, concluyeron que no había pruebas suficientes que justificaran los juicios políticos.
De igual forma, la diputada Lisset Marcelino Tovar confirmó que los casos carecían de sustento legal y, por lo tanto, fueron declarados improcedentes.
Las denuncias estaban dirigidas específicamente contra los presidentes municipales Jaime Ramírez Tovar de Atotonilco de Tula, Ricardo Olguín Pardo de Francisco I. Madero, y Jorge Ramírez López y otros miembros del Ayuntamiento de Atitalaquia.
El congreso también desestimó una solicitud presentada por la alcaldía de Tizayuca contra las autoridades de Tolcayuca relacionada con un conflicto de límites territoriales.
La decisión de la improcedencia de los juicios políticos fue tomada en una sesión que tuvo lugar en el salón de plenos del Congreso de Hidalgo, la cual duró aproximadamente 40 minutos. Tras esta resolución, los casos quedaron oficialmente cerrados y no procederán.
Castigarán con cárcel a funcionarios que entorpezcan procesos penales en Hidalgo
El Congreso de Hidalgo aprobó nuevas sanciones penales que incluyen hasta cinco años de cárcel para servidores públicos que obstaculicen procesos penales, afectando a las víctimas. Además, establecieron penas de hasta siete años y medio de prisión por el robo de herramientas y maquinaria usadas en actividades agrícolas y ganaderas.
En la sesión ordinaria del 30 de julio, el Poder Legislativo dio su respaldo a la iniciativa presentada por la diputada Lisset Marcelino, de Morena.
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En este sentido, los congresistas modificaron el artículo 322 del Código Penal de Hidalgo para imponer una pena de tres a cinco años de prisión a los servidores públicos que interfieran en los procesos penales o dificulten el acceso a la justicia para las víctimas. Esta pena está acompaña de una multa que va de 10 a 100 UMAS, es decir, de mil 85 a 10 mil 857 pesos.
Asimismo, el artículo 331 ahora contempla una pena de tres meses a tres años de prisión para aquellos que impidan o dificulten el acceso a información crucial para una investigación o para la detención de presuntos responsables de delitos, junto con una multa de 15 a 60 días de salario mínimo.
Por otro lado, el artículo 206 del mismo código penal lo modificaron para aumentar hasta en un 50% las penas por el robo de herramientas, vehículos y maquinaria utilizadas en actividades agrícolas y ganaderas.
Las penas por robo, que comúnmente oscilan entre seis meses y cinco años de cárcel, se incrementarán con esta agravante. Los castigos por este tipo de hurto lleguen hasta los siete años y medio de prisión, dependiendo del valor de los bienes robados
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