El Congreso de Hidalgo avaló la propuesta de reestructura gubernamental enviada por el gobernador Julio Menchaca.
Con 26 votos a favor, el Legislativo aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.
Además, elevó a rango constitucional el derecho humano a una buena administración pública.
El decreto reforma reglamentos interiores, estatutos orgánicos y manuales, además de tres secretarías, las cuales incluso cambian de nombre
La Secretaría de Finanzas ahora se llamará de Hacienda; la de Desarrollo Social será Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.
En tanto, la de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial se llamará de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible.
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, creada por el exgobernador Omar Fayad Meneses, desaparece.
De acuerdo con el dictamen modificado en el Congreso de Hidalgo, la Unidad de Planeación y Prospectiva mantiene su nombre; en la propuesta de reestructura gubernamental el mandatario había solicitado cambiarla por la Secretaría del Despacho y la Unidad de Estratégica.
Este nuevo esquema crea la Secretaría del Despacho de la Persona Titular del Poder Ejecutivo que contará con una Oficialía Mayor y la Unidad de Planeación y Prospectiva.
El resto de las secretarías permanecen con su denominación.
La nueva ley aprobada establece que, a más tardar el 5 de septiembre de 2027, deberá crearse el organismo encargado de llevar a cabo la ejecución los recursos y adjudicaciones, contratos en materia de compra y obra pública.
Para ello, se deberá integrar un plan estratégico que facilite la implementación del organismo que será elaborado por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo.
El Ejecutivo tiene un plazo no mayor a 120 días naturales para emitir los lineamientos de operación correspondientes para las secretarías modificadas.
Congreso avala derecho a atención digna como parte de la reestructura gubernamental
El Congreso del estado también avaló la segunda propuesta enviada por el Ejecutivo en torno al trato digno.
Esta serie de reformas al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo establecen el derecho de toda persona a una buena administración pública y a sus derechos derivados.
La propuesta señala que todos y todas deberán recibir un trato imparcial, objetivo y justo en asuntos de carácter público.
El dictamen, avalado también por mayoría, contempla que todas las actividades gubernamentales deberán realizarse conforme a diversos principios
Estos incluyen la eficiencia, la honestidad, la honradez, la austeridad, la racionalidad, la ética, la legalidad, la transparencia, la inclusión, la igualdad y la equidad.
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