Dos notarios del estado de Hidalgo están involucrados en el desalojo de viviendas en la calle República de Cuba 11, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
El abogado de los habitantes afectados, Arturo Aparicio, indicó que el notario público seis con sede en Tizayuca, Octavio Eduardo Soto Hernández, avaló las escrituras del predio que permitieron el desalojo de 19 familias.
En los asientos registrales del Gobierno de la Ciudad de México, Soto Hernández aparece en las escrituras de propiedad como si fuera notario de aquí, cuando era de Hidalgo”.
Precisó que Octavio Soto aparece como notario de la capital del país a través de un título en Derecho obtenido en 2022. En ese mismo año, avaló las escrituras, lo que clasificó como una violación a la Ley del Notariado de Hidalgo que exige cinco años de antigüedad profesional para ejercer.
Por su parte, el notario 16 con sede en Tula de Allende, Edén Khadaffy Cornejo Gómez, permitió la compraventa del predio en Cuba 11 el pasado 10 de septiembre. La información provino del Registro Público de la Propiedad.
Por estas situaciones, Arturo Aparicio denunció que presuntamente existe una red de notarios en Hidalgo para realizar fraude procesal, como el de República de Cuba 11.
Pareciera que hay una red de notarios en Hidalgo, autorizada a modo para dinámicas de fraude procesal. Es un poco lógico, pero la normativa sí permite que hagas cumplir un contrato de compraventa en Hidalgo sobre un predio en la CDMX”.
Cabe recordar que el desalojo ocurrió el pasado 28 de agosto, lo que ha dejado a las 19 familias, en su mayoría compuestas por adultos mayores, viviendo en un campamento colocado en la vía pública mientras continúa el proceso jurídico.
Las dos vinculaciones a proceso de Octavio Soto
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) vinculó en dos ocasiones a Octavio Soto por sus labores en la notaría de Tizayuca.
De acuerdo con las investigaciones, el 22 de octubre de 2021, el sujeto ratificó un convenio de reconocimiento de adeudo y dación en pago. De esta forma, entregó ilegalmente un predio en el municipio de Tolcayuca a un tercero.
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Por ello, el pasado 12 de julio, la PGJEH emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntamente simular un acto jurídico. Cinco días después, un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de fraude procesal.
Posteriormente, el 30 de julio, lo vincularon al proceso por segunda ocasión por emitir un documento oficial el 26 de noviembre de 2020. Fecha en la cual no tenía cédula procesional de licenciado en Derecho, ya que la obtuvo hasta el 11 de enero de 2022.
Debido a ello, le imputaron el delito de usurpación de profesiones en agravio de la fe pública. Actualmente, Octavio Soto continúa su proceso bajo prisión preventiva.
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