La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) enfrenta una crisis por un déficit de agentes del Ministerio Público (MP) en sus 20 agencias, lo que genera un retraso en la atención de casos.
El visitador general de la PGJEH, David Reyes Santamaría, reconoció que faltan al menos dos agentes en cada una de 20 agencias del MP que no están asentadas en Pachuca. Eso muestra un déficit de 40 agentes judiciales en toda la entidad. En cambio, las ocho agencias de Pachuca cuentan con el personal suficiente.
La falta de elementos ha generado un retraso significativo en las investigaciones, con carpetas que pueden quedar inactivas entre 10 meses y un año, según declaró a medios de comunicación.
Además del déficit de agentes del Ministerio Público, la Visitaduría General detectó actos de corrupción dentro de la Procuraduría de Hidalgo. David Reyes expuso que, en 2024, nueve agentes del MP y personal administrativo fueron destituidos tras descubrirse que pedían dinero a ciudadanos para dar seguimiento a los casos.
En algunas circunstancias, simplemente dejaban de trabajar en las carpetas asignadas. Aunque las investigaciones en su contra siguen en curso, los funcionarios decidieron renunciar antes de enfrentar sanciones mayores.
Para combatir estas irregularidades, informó que la PGJEH implementó visitas sorpresa en las agencias del Ministerio Público, incluyendo inspecciones nocturnas. La intención es verificar que los agentes cumplan con su labor.
Sin embargo, algunos ciudadanos han denunciado que ciertas agencias, especialmente en la región de Tula, no prestan servicio en horarios nocturnos, lo que agrava la falta de acceso a la justicia.
El Gobierno de Hidalgo mantiene una “limpia” en la Procuraduría con el objetivo de mejorar la atención a las víctimas y reducir los tiempos de respuesta en las investigaciones.
Procuraduría se deslinda de feminicidio de Rosaura
Lo anterior ocurre en un momento donde la Procuraduría de Hidalgo y otras autoridades enfrentan severos señalamientos por omisiones que derivaron en el feminicidio de Rosaura y el asesinato de su familia en Mineral de la Reforma.
El crimen fue cometido por Marco Antonio “N”, un expolicía municipal que quedó en libertad en noviembre del 2023. Enfrentaba un proceso por privación ilegal de la libertad contra Rosaura, su expareja.
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Sin embargo, la jueza Janett Montiel suspendió el proceso penal, bajo el supuesto de que ni la víctima ni el Ministerio Público se opusieron. Meses después, en febrero del 2025, ese sujeto terminó por asesinar a Rosaura y a tres miembros de su familia.
El encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun, defendió la actuación del Ministerio Público. Aseguró que dicha instancia sí manifestó su oposición a la decisión de la jueza.
Reiteró que incluso judicializaron el caso en dos ocasiones para que el sujeto enfrentara su responsabilidad por privación ilegal. También expuso que el Ministerio Público actuó en favor de la víctima.
Tribunal Superior de Justicia defiende a jueza
Estas declaraciones surgieron después de que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro, defendiera la actuación de la jueza.
Según Rebeca Aladro, ni la víctima ni el Ministerio Público objetaron la suspensión del proceso, lo que obligó a la jueza a conceder la liberación del expolicía.
También negó que la segunda carpeta de investigación contra el agresor se hubiera judicializado en 2024, aunque más tarde corrigió su declaración y admitió el hecho, conforme a lo expuesto por la Procuraduría.
La magistrada presidenta anunció que abrirían una investigación para determinar si la jueza cometió alguna irregularidad. En caso de encontrarse responsabilidad, Janett Montiel enfrentaría desde una amonestación hasta la destitución.
Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, rechazó que el Estado haya fallado en la protección de Rosaura. Esto, debido a que existían medidas cautelares a favor de ella, para su protección.
Aseguró que su gobierno revisará el funcionamiento del sistema de medidas cautelares y el actuar de la Procuraduría en este y otros casos. Mientras tanto, el feminicidio de Rosaura sigue evidenciando fallas en el sistema de justicia y la falta de protección efectiva para las víctimas de violencia.
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