Madres y padres de familia tomaron las instalaciones del Telebachillerato de la comunidad de Xilitla, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, en protesta por presuntos casos de acoso sexual contra las alumnas.
Este jueves 17 de octubre, las y los manifestantes impidió el ingreso a dicho plantel educativo para exigir que acudiera algún representante de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).
Durante su protesta acusaron que Arturo García García, el director de este telebachillerato en Tepehuacán de Guerrero, acosó sexualmente a varias estudiantes, quienes son menores de edad. Aseguraron que una de las afectadas siente temor, por lo que evita ir a clases.
Asimismo, algunos padres y madres revelaron que ya existe una demanda previa por hostigamiento contra el director. Sin embargo, señalaron que no hay avances en las investigaciones.
Durante la protesta, manifestaron su preocupación sobre la presencia de Arturo García en el plantel educativo, por lo que exigieron su destitución mientras avanza la denuncia en su contra.
De igual forma, exigieron a las autoridades educativas que brinden atención a las jóvenes que han sufrido hostigamiento. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si acudió algún representante de la SEPH.
Aumentan penas por acoso y hostigamiento en Hidalgo
En mayo de este 2024, el Congreso del Estado aprobó varias reformas para aumentar las penas por violación, acoso, hostigamiento sexual y feminicidio en Hidalgo.
Las y los diputados adicionaron la fracción 5 al artículo 189 Bis del Código Penal, estableciendo nuevas variantes de acoso y hostigamiento sexual en Hidalgo.
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Establecieron que también se sancione como hostigamiento cualquier acción de índole sexual que ocurra en parques, jardines u otros espacios públicos. También, si sucede en miradores, jardines, parques o plazas públicas, áreas públicas deportivas o áreas públicas de esparcimiento.
A su vez, aplicará cuando el responsable del hostigamiento use un dron y “videograbe, audiograbe y fotografié a la víctima”.
Por cualquiera de estas acciones, hay una pena de tres meses a dos años de prisión. También, una multa de 40 a 80 días de salario.
A su vez, el Congreso del Estado avaló que se castique como feminicidio cualquier asesinato contra cualquier mujer que haya sido obligada a realizar alguna actividad o trabajo, o cuando fuera víctima de alguna explotación.
También aplicará contra las víctimas forzadas a permanecer en el crimen organizado o por cualquier variante de explotación laboral o sexual. Por ello, la pena es de 25 a 50 años de prisión, sumado a una multa de 300 a 500 días de salario.
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