La jueza Janett Montiel carga con un historial de fallos que, de alguna u otra manera, han dejado vulnerables a varias víctimas de violencia de género y feminicida en Hidalgo. Sin embargo, sus decisiones son consecuencia de un sistema de justicia que debe mejorar en la ejecución de medidas de protección y en implementar una perspectiva de género en los tribunales.
Carla nunca olvidará aquella tarde de agosto del 2023 en que su anterior pareja intentó matarla. Tras un arrebato de celos, la aventó al sillón y comenzó a asfixiarla, confesando su intención de asesinarla en la misma casa donde él vivía en Mineral de la Reforma.
El agresor tomó un trozo de vidrio de una botella recién rota en el forcejeo, causándole cortes en el cuello. Carla –nombre elegido como anonimato por esta casa editorial- alcanzó a zafarse y pedir ayuda por teléfono. Minutos después llegaron policías municipales.
Por la gravedad del caso, hubo una audiencia inmediata donde una jueza de control manifestó estar a favor de ella como víctima, determinando prisión preventiva para el agresor.
Sin embargo, tras varias audiencias, las autoridades determinaron que el imputado no podía enfrentar un proceso penal por tentativa de feminicidio. El Ministerio Público consideró que el caso más bien era de violencia familiar, una categorización de que ha permitido a muchos potenciales feminicidas evitar un castigo adecuado.
Ella se sintió presionada aceptar una reparación del daño por la garantía de una serie de medidas cautelares que salvarían su integridad. Entre ellas, que su expareja tendría un brazalete de localización. De esa forma, su agresor salió de prisión en noviembre del 2023.
Sin embargo, meses después, la citaron en otra audiencia. La jueza, “sin escucharme debidamente y sin contemplar todos los antecedentes”, decidió quitarle a su agresor el brazalete, “solo pidiéndole que no se me acerque”. Entonces ella testificó:
Si mi expareja me mata o a mi hijo, usted será la responsable de esto, porque usted siguió mi caso y hoy sin más ni menos decidió que nuestras vidas no tenían un valor e importaba más que él se sintiera libre”
Tras eso, el agresor no ha cumplido con las medidas acordadas, como ir a terapia para evitar algún comportamiento agresivo. A ello, se suma que su abogada abandonó el caso tras quedarse con gran parte de la reparación del daño.
La misma jueza
Esta víctima comparte algo con otras mujeres que han llevado algún proceso penal contra un agresor.
Su jueza es Janett Montiel, quien carga con un historial de fallos cuestionables en casos de violencia contra las mujeres. Destaca haber dejado en libertad a Marco Antonio “N”, el expolicía que posteriormente asesinó a su expareja, Rosaura, así como a tres familiares, en Mineral de la Reforma.
El 5 de febrero del 2025, Marco Antonio “N” acudió a la casa de Rosaura, en la comunidad de Azoyatla. A primeras horas del día, atacó con un arma blanca a Rosaura, a su madre, padre y dos hermanos, de los cuales, solo uno sobrevivió.
Tras su detención, se dio a conocer que Marco Antonio “N” tuvo dos procesos penales por privación ilegal de la libertad y violencia familiar contra Rosaura. La jueza Janett Montiel suspendió el proceso por privación ilegal, lo que le permitió al agresor quedar libre en noviembre del 2024.
En cambio, le esperaba una audiencia en marzo de este 2025 para el proceso de violencia familiar. Ni él ni su víctima llegarán a esa cita.
Un ardoroso reclamo abarcó las redes sociales en Hidalgo y algunos puntos del país. El periodista Axel Chávez publicó en Proceso la cuestionable decisión de la jueza que derivó en feminicidio. “El Estado falló”.
Los antecedentes de Janett Montiel
La jueza Janett Montiel ya tenía antecedentes por otros fallos cuestionables en violencia de género. Casos como el de Rosaura, como el de esta otra víctima ya mencionada.
En marzo del 2023, la jueza de control decidió no vincular a proceso a William “N”, excoordinador de campaña de Morena en las elecciones estatales del año anterior. El 8 de marzo, había sido detenido en Cancún, junto con su esposa, Eva “N”, por presuntamente abusar de dos sobrinas menores de edad, en complicidad con su pareja.
El entonces encargado de la Procuraduría de Hidalgo –hoy director general del IMPI-, Santiago Nieto Castillo, indicó que apelaría la decisión de Janett Montiel.
Ese mismo mes, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Aladro Echeverría, anunció que transferirían a Janett Montiel al Centro de Justicia para las Mujeres, uno de los organismos encargados de apoyar a víctimas.
Rebeca Aladro dijo que este cambio era por una situación distinta al juicio de las dos menores presuntamente violentadas. Coincide que Rebeca Aladro salió a la palestra para defender a Janett Montiel en toda ocasión.
Una fuerte impotencia sacudió a Carla cuando se enteró del caso de Rosaura en redes sociales. El dolor de que ambas víctimas coincidieron con la misma jueza. Que sus agresores quedaron libres bajo su decisión.
Ahora supe de la hoy fallecida Rosaura, quien tuvo su caso en manos de la misma jueza y no me sorprende que él quedara en libertad y lograra su cometido en contra de ella. Hoy hablo por todas las que ya no pueden.”
La importancia de mejorar el sistema de protección de víctimas
Sin embargo, la actuación de la jueza Janett Montiel también es vista como una dolorosa consecuencia de las deficiencias que prevalecen en el sistema de justicia de Hidalgo.
Para el fundador de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), Rafael Castelán Martínez, el caso de Rosaura es emblemático. Esto debido a que “evidencia primero las fallas de nuestro sistema de procuración de justicia”.
Hay casos donde la Procuraduría de Hidalgo argumenta una tentativa de feminicidio, según precisa. Sin embargo, los jueces del Poder Judicial deciden reclasificarlo como violencia familiar, al considerar que no se acreditan todos los principios.
En entrevista con CENTRAL, expone que los procedimientos burocráticos se anteponen a la ejecución efectiva de las órdenes de protección.
Por ejemplo, si alguna víctima que tiene órdenes de protección a su favor y desea apoyo ante algún hostigamiento en su domicilio, primero debe contactar con un agente del Ministerio Público. Esta persona, a su vez, vinculará la atención hacia la policía estatal o municipal.
Sin embargo, todo este proceso puede ser tardío e involucra un inevitable retraso que pone en riesgo a la víctima. Sobre todo, si su agresor está merodeando su vivienda.
Esto es particularmente importante, considerando que, en el caso de Rosaura, su agresor usó una patrulla municipal para ir constantemente a su casa y hostigarla.
Rafael Castelán considera que, para evitar tragedias como el feminicidio de Rosaura y el asesinato de sus familiares es importante implementar un criterio de perspectiva de género entre jueces.
Al identificar desigualdades no visibles desde otra perspectiva, los jueces pueden encontrar elementos de riesgo hacia la víctima. Eso ayudaría a que emitan mejores medidas de protección.
Más que una modificación (a las leyes), una mayor vigilancia, una formación por parte de las juezas y jueces. Otros elementos para que puedan mirar con perspectiva de género.”
Con eso, es igualmente necesaria la creación de un mecanismo que vigile el cumplimiento adecuado de las órdenes de protección a favor de víctimas, expone el especialista.
Una posible solución
Rafael Castelán precisa que las autoridades deben implementar mejores mecanismos para garantizar el principio de “no repetición” en la reparación del daño. Esto consiste en que el Estado establezca medidas para garantizar a la sociedad que el mismo delito no vuelva a ocurrir.
En Hidalgo, Seiinac ha implementado la Herramienta de Priorización de casos de Violencia Familiar. (HER). En ella, establecen nuevos elementos que los elementos del Ministerio Público deben considerar al evaluar un caso de alto riesgo. La intención es que identifiquen de manera adecuada los riesgos de una víctima para buscar su protección.
Entre los elementos de alto riesgo destacan si el agresor tiene conocimientos uso de armas de fuego, de ataque físico o si incluso tiene una red de apoyo que pueda ser determinante cuando ejerce violencia.
Para Rafael Castelán dicha herramienta significa un avance, ya que los Ministerios Públicos suelen tener desactualizados sus tipos de riesgo.
Implementando este procedimiento entre elementos judiciales en la transición de la Procuraduría de Hidalgo a Fiscalía, a finales del 2024. Actualmente, analizan la forma de ampliar el programa para que jueces utilicen nuevos elementos al calificar los riesgos que sufren las víctimas.
Con estos elementos, sumado a una perspectiva de género, podrían evitarse tragedias como las de Rosaura.
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