La diputada de Morena, Tania Meza Escorza, está socializando entre las y los reporteros su propuesta para crear la Ley de Periodistas de Hidalgo, formalmente definida como “Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico de Hidalgo”.
Tomando nota de recomendaciones, como no emitir una sola ley que aglutine activistas y periodistas, la diputada presentó su anteproyecto al gremio, el primer borrador de la iniciativa.
La propuesta incorpora aspectos a favor de las y los reporteros, pero también incluye varios apartados que dejan severas dudas sobre la injerencia de las autoridades en el quehacer periodístico, en un estado donde –como en otras partes del país- el periodismo resulta espinoso, casi mortal, si no es complaciente.
Los aciertos
El anteproyecto de la Ley para Periodistas de Hidalgo indica que el Estado se comprometería a dar servicios médicos especializados a periodistas y sus familiares directos. Las colegas embarazadas recibirán atención integral en centros de salud y hospitales gubernamentales, o hasta en clínicas privadas, si existe algún convenio.
Según el artículo 52, la Secretaría de Salud implementaría programas de atención preventiva y apoyo psicológico a periodistas “ante daños derivados de los riesgos inherentes a su labor”.
El artículo 57 indica que el DIF otorgaría facilidades para que hijas e hijos de periodistas reciban becas de educación básica, media superior y superior en Hidalgo, conforme a determinados requisitos académicos y socioeconómicos.
En cambio, el artículo 15 señala que un periodista o trabajador de un medio no podrá ser reasignado a otra área por motivos de discriminación, condición de género, edad, salud, discapacidad o por cualquier motivo que genere una “ruptura patente y objetiva con la trayectoria y principios profesionales.”
Lo anterior toma relevancia en circunstancias donde gobiernos frecuentemente empujan a los medios de comunicación a cambiar a un reportero de fuente, cuando su desempeño incomoda a los intereses cupulares.
Cláusula de conciencia, Código de Ética y Estatutos de Redacción
Uno de los principales puntos es la “cláusula de conciencia”, entendida en el anteproyecto como el derecho de cada periodista a “negarse mediante expresión escrita de sus motivos a participar en la elaboración de información que consideren contraria a los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad y responsabilidad.”
Muchas y muchos colegas son obligados a hacer reportajes y notas que puedan contravenir a sus principios o causarles algún conflicto. La propuesta los blinda ante modificaciones em sus textos que puedan cambiar el significado original.
Para garantizar que esto se cumpla cada medio de comunicación crearía su propio Código de Ética y Estatutos de Redacción. Estos mandamientos internos definirían los principios, la postura ideológica y el rigor informativo.
En cada medio, habría un Comité Profesional que básicamente se encargaría de vigilar la ejecución dichos criterios. También, analizaría las solicitudes de sus trabajadores para aplicar la cláusula de conciencia en algún texto.
Desgraciadamente, los medios de habla hispana tienen poco interés en los Códigos de Ética. El País forma parte de ese puñado de casas informativas que cumplen con dicho principio, igual que El Debate, Animal Político y El Diario de Chihuahua. En la entidad hidalguense, solo “El Nuevo Gráfico de Hidalgo” tiene su Código de Ética.
En cambio, ningún medio en Hidalgo tiene un Comité de Ética. Este órgano es el encargado de cumplir dentro de cada redacción lo establecido en el mencionado Código de Ética.
El catedrático de Ética de la Comunicación e Historia del Pensamiento Político, Hugo Aznar, expone que este tipo de estatutos se remontan a la década de los 70 en Francia. Al respecto, Omar Raúl Martínez, periodista y académico, destaca que dichos protocolos se implementaron cuando las y los redactores “expresaron sus afanes por la autogestión para contribuir a la democratización de la prensa desde su vida interna.”
Una cuestionable protección estatal
La propuesta de artículo 29 indica que el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas estará conformado por la Junta de Gobierno y Secretaría Ejecutiva. Es decir, perfiles del gobierno estatal en turno. La Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo tendrá presencia, pero solo para opinar.
Como principal función, podemos enlistar que decidirán si un periodista requiere medidas de protección ante peligros por su labor. Muchos de estos riesgos incluso se deben a investigaciones hacia el propio gobierno y nexos con delincuencia organizada, como sucede en todo el país.
Dicho órgano tendrá una Junta de Gobierno estará encabezada por el titular de la Secretaría de Gobierno, en este caso Guillermo Olivares Reyna. También la integrará el procurador de Hidalgo, el titular de la Coordinación de Comunicación Gubernamental y de la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, representantes de organizaciones periodísticas.
Sin embargo, esto último deja mucho que desear, considerando que el reducido grupo de organizaciones periodísticas en Hidalgo son sumamente cercanos a la política institucional. También, que muchos ostentan esas condecoraciones desde hace décadas, cerrando el gremio a favor de compadrazgos y un recelo profesional hacia las nuevas generaciones.
Bajo esa consideración, no se contempla un espacio abierto para la inclusión de periodistas que no se integran en dichas organizaciones o grupos internamente reconocidos.
Los problemas del padrón de periodistas
El anteproyecto de la Ley para la Ley de Periodistas de Hidalgo plantea la creación de un padrón estatal de periodistas en activo. Sin embargo, este recurso más bien funciona como un Caballo de Troya.
Según la propuesta de artículo 28, dicho padrón servirá para identificar y reconocer a quienes desempeñan la labor periodística. Aunque el registro es voluntario, margina a quienes decidan no sumarse.
Y es que, el mismo apartado indica que, solo a través del padrón, las y los periodistas podrán acceder a capacitaciones, becas y demás apoyos. De igual forma, quienes no estén inscritos, no podrán tendrán a su disposición el mecanismo de protección ante peligros.
Incluso, condiciona que solo podrán obtener cierta información gubernamental aquellas y aquellos que estén credencializados. En la práctica, esto podría derivar en un veto a la información, sin considerar el grave riesgo que podría implicar para colegas “incómodos”. Y es que, para estar en el padrón, habría que dar información personal al gobierno, como el domicilio.
La asignación de credenciales a periodistas ocurre en demasiadas partes del mundo. Y en muchos casos, esa identificación no ayuda a la protección de los colegas. Tenemos el caso reciente de Turquía, donde siete periodistas fueron encarcelados por documentar las protestas de Estambul contra la detención de Ekrem Imamoglu, principal opositor del presidente Recep Tayyip Erdogan.
Estos comunicadores, algunos de gran reputación, estaban acreditados como periodistas con las tarjetas emitidas por el gobierno turco. Los detuvieron tras las protestas, en sus domicilios, durante la madrugada del 24 de marzo, aunque, según las versiones existentes, dieron con ellos al identificarlos con tecnología de reconocimiento facial, igual que a otros 203 detenidos.
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Volvamos al padrón. Hasta esta columna, todavía no existen criterios claros sobre los requisitos para ingresar al padrón. Quedarían definidos en el reglamento de operación que el Ejecutivo crearía si el Congreso del Estado aprueba la propuesta.
Además, en la práctica, los padrones de periodistas son susceptibles a la simulación. El 1 de febrero del 2013, el Congreso de Baja California aprobó su Ley de Periodistas con un padrón inflado hasta lo risible.
Las y los diputados avalaron una bolsa inicial de 5 millones de pesos destinada a apoyos, préstamos, becas y seguridad social de las y los reporteros inscritos en el padrón. Sus exclusivos miembros eran elegidos por las asociaciones que oficialmente dicen representar los intereses del gremio.
El resultado –publicó el Semanario Zeta- fue 357 que decían ser periodistas cuando más bien eran actores de teatro, docentes, empresarios de bajo calibre, políticos, parientes de periodistas y reporteros que llevaban tiempo inactivos.
Aún falta que Tania Meza incorpore más observaciones en los foros de consulta que está realizando durante este mes de marzo. Esto antes de presentar formalmente la Ley de Periodistas de Hidalgo. Otro tema será si el oficialismo de Morena en el Congreso le dará trámite.
Las opiniones y análisis de los columnistas no necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editorial.
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