Hace unos días el gobierno de Estados Unidos anunció la captura del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, Carlos Treviño, acusado de ser uno de los responsables en el esquema de corrupción del caso Odebrecht que involucra a Emilio Lozoya, el primer titular de la empresa pública mexicana en el último sexenio priista.
El exfuncionario federal fue detenido por las autoridades estadounidenses como un gesto de buena voluntad del gobierno de Donald Trump hacia el de Claudia Sheinbaum. Esto después de que México enviara a 26 narcotraficantes a las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos.
El gobierno del país vecino anunció que facilitaría la extradición de Treviño a México. Para la administración de Trump, el exdirector de Pemex es una moneda de intercambio por las recientes ofrendas del gobierno mexicano, aunque la interpol canceló la ficha roja de búsqueda del excolaborador de Peña Nieto.
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El exservidor público solicitó asilo político en Estados Unidos. Acusó al gobierno de México desde la administración de Andrés Manuel López Obrador de persecución política. Esto luego de aparecer en las declaraciones de Emilio Lozoya por haber recibido sobornos millonarios de la empresa brasileña Odebrecht para operar en México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se congratuló por la detención de Treviño, a quien consideró como uno de los personajes artífices del escándalo Odebrecht. Lo anterior, aunque se detectaron una serie de irregularidades en la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex funcionario federal.
Desde mayo el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, avisó a la presidenta que sería detenido uno de los excolaboradores de Peña Nieto. Sin embargo, dijo que esperarían al momento adecuado, una vez que Washington determinara el “timing” de la operación política.
Las acusaciones sin pruebas
Emilio Lozoya, primer director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, acordó con el gobierno federal colaborar a través de la figura de los criterios de oportunidad para evitar cualquier acusación mayor en su contra por el caso Odebrecht.
En sus primeras declaraciones el exfuncionario federal acusó al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como al actual coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Ricardo Anaya.
También al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; al exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade; y el exsenador panista Ernesto Cordero.
Lozoya se comprometió con la FGR a entregar las pruebas suficientes que vinculaban a los políticos con la empresa Odebrecht, y que formaron parte de los sobornos millonarios que supuestamente recibieron para aprobar la reforma energética en 2013.
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Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, Lozoya no entregó datos ni pruebas adicionales a sus testimonios. Por ello, ninguno de los supuestamente implicados en el escándalo de corrupción ha sido procesado penalmente tras los señalamientos.
Así, las pruebas que la propia FGR ha desestimado serían las únicas con las cuales ha integrado la carpeta de investigación. Esto permitiría a la defensa legal de Treviño promover los recursos suficientes para evitar su detención en México. Con ello, todo el circo mediático colapsaría por parte de una fiscalía mexicana que es incapaz de recabar más pruebas.
Además, si Treviño es llamado a declarar ante las autoridades mexicanas, también podrían citarl el exdirector de Pemex del gobierno de López Obrador, Octavio Oropeza.
El recibió la institución petrolera por parte del ahora exfuncionario preso. En este sentido, tendría que haber identificado una serie de irregularidades de su antecesor en ese periodo.
El ahora director del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) tendría que explicar el por qué no encontró anomalías cuando recibió Pemex en el sexenio de Peña Nieto.
Lozoya y la “mea culpa”
Emilio Lozoya fue el primero de los exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto señalado de actos de corrupción. Desde el final de la administración del mexiquense, lo vincularon directamente por el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Para tratar de evitar la cárcel, aceptó dar información sobre más implicados en el escándalo. Sin embargo, su testimonio careció de suficientes pruebas para procesar a algunos de los políticos. Ellos inmediatamente negaron haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética.
Lozoya incluso arremetió en contra de sus exjefes: Luis Videgaray, quien lo impulsó en el gabinete, y contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Pese a que mediáticamente esto atrajo el interés público, no hubo elementos probatorios que permitieran capturar a estos personajes.
En la actualidad, Peña Nieto disfruta del pacto de impunidad que celebró con López Obrador para viajar sin preocupaciones por los evidentes casos de corrupción que se documentaron en su sexenio. Videgaray también se desapareció en la escena pública y radica en Estados Unidos como consultor privado.
Anaya, que trató de reconstruir su carrera política después de perder las elecciones presidenciales de 2018, arremetió en contra de Lozoya. Lo acusó de mentir para tratar de crear “chivos expiatorios”. En todos los casos los expedientes de la FGR estuvieron cargados de suposiciones.
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Mientras que la FGR deberá continuar con las acusaciones en contra de Treviño con una endeble carpeta en su contra y con un caso que puede ser más perjudicial para el gobierno mexicano. Esto podría convertirse en un nuevo clavo en el ataúd para Alejandro Gertz Manero, cuya gestión al frente de la fiscalía es completamente ineficaz.
Tantas son las deficiencias en la carpeta de investigación, que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no volvió a renovar la solicitud de extradición de Treviño desde hace cinco años. Asimismo, la Interpol se negó a emitir la ficha roja por la falta de elementos acusatorios.
No obstante, para el gobierno de Estados Unidos las detenciones pueden ocurrir sin necesariamente existir suficientes elementos probatorios en contra de una persona. Por ello agentes migratorios los aprehendieron por supuestas irregularidades en sus trámites migratorios. Con ello, lo deportarán a México a la brevedad.
Apéndice: Los pactos de impunidad política que se han construido en la cultura mexicana son tan profundos y sólidos, que no importa que existan cambios de gobiernos con distintos partidos políticos, pues todos los personajes garantizan impunidad si colaboran con los gobiernos entrantes y ceden a todas sus demandas, una expresión más de la política del “garrote y la zanahoria”.
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