Desde que comenzó la llamada “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la violencia ha escalado y algunos de los episodios más sangrientos han sido la marca de cada sexenio, por lo que, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ese sello trágico es el campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, como lo fue San Fernando para Felipe Calderón y Ayotzinapa para Enrique Peña Nieto.
El hallazgo del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco supera toda ficción. Una fábrica de la muerte en la que decenas de jóvenes fueron asesinados de forma violenta con el aval del Estado que no quiso impedir estas prácticas. Mismas que son una prueba del dolor que vive un país que parece no sanará.
Aunque el hallazgo no ocurrió en el gobierno de López Obrador, las pruebas de los colectivos muestran que este campo de exterminio operó durante su administración. El gobierno de Enrique Alfaro no puede estar exento de responsabilidades, pues debió evitar este tipo de prácticas.
Lo sucedido en Teuchitlán, Jalisco, cobró relevancia nacional en los últimos días tras el descubrimiento que emula a los relatos de terror. Se volvió una norma el traslado de jóvenes que eran engañados por un empleo y adiestrados en las filas del crimen organizado. De lo contrario, serían asesinados de forma violenta.
Desde 2019, distintos periodistas de investigación evidenciaron la existencia de este tipo de campos de adiestramiento a cargo de los cárteles de las drogas.
Esto, para reclutar a sus sicarios, quienes finalmente son productos desechables para una industria de la muerte.
El rancho Izaguirre en Teuchitlán fue utilizado al menos desde 2012 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para reclutar a sicarios. Estas evidencias presentadas por los colectivos buscadores —que tienen mayor credibilidad que las fiscalías— refutan la versión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella atribuyó que este espacio existía desde el sexenio de Felipe Calderón.
La responsabilidad de un gobierno que calló sobre las desapariciones
La existencia de un campo de exterminio en lugares como Teuchitlán no hubiese sido posible sin el contubernio del gobierno de Jalisco. La gestión de Enrique Alfaro se caracterizó por su opacidad en cuanto al total de personas desaparecidas en esa entidad durante los últimos tres años de su sexenio, según la organización “Adónde van los desaparecidos”.
Al primer gobierno estatal emanado de Movimiento Ciudadano (MC) —un partido que se dice diferente a la partidocracia tradicional— los colectivos de madres buscadoras lo señalan de omisiones para no investigar las distintas fosas clandestinas que estos hallaron.
El exgobernador constantemente negó deficiencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGJE). La misma instancia que aseguró el rancho Izaguirre en septiembre del 2024 con el apoyo de la Guardia Nacional y no encontró nada sobre el horror.
Pese a ello, Jalisco se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de desapariciones de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
La responsabilidad, que se centra en el gobierno federal, no puede minimizar el papel del gobierno estatal. Ese que no actuó para responder a las necesidades de una sociedad lastimada.
Desde 2018 los colectivos buscadores de personas desaparecidas alertaron sobre la presencia del crimen organizado en la mayoría de los municipios. Ahí los gobiernos locales están cooptados por los cárteles, ante la falta de apoyo de los gobiernos estatales y la Federación. El caso de Jalisco no es distinto.
El exgobernador, acusado de actos de represión contra los manifestantes, nuevamente vuelve a estar en el ojo del huracán. El propio fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, reconoció que no es creíble la versión del gobierno estatal sobre el desconocimiento de la existencia de este campo de exterminio.
El Estado que no se quiere encontrar
El caso Ayotzinapa marcó un cambio en la búsqueda de personas desaparecidas en México. Desde que la sociedad se percató que el Estado no quería buscar a las víctimas, fueron los colectivos de madres buscadoras quienes se organizaron para realizar la labor.
Dichos colectivos han localizado más de siete mil fosas clandestinas en el país en los últimos años. El desinterés y complicidad de las fiscalías estatales ha provocado que sean los propios familiares de las personas desaparecidas quienes tengan que salir a buscar a sus seres queridos.
La labor de los colectivos no sólo tiene que lidiar con las amenazas de los cárteles de las drogas. También tienen que sortear los obstáculos de las autoridades estatales que se han negado a entregar información y apoyarlos en la búsqueda de las personas desaparecidas.
Si el Estado no quiere buscar es porque no quiere encontrarse a sí mismo. Esta es una de las frases más recurrentes de los colectivos de personas buscadoras. Esto ante la ausencia de la autoridad que ha delegado esa responsabilidad para mantener un subregistro del total de personas desaparecidas.
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San Fernando marcó un cambio en la narrativa de la llamada “guerra contra el narcotráfico” que inició Calderón. Los 72 migrantes masacrados por “Los Zetas” en 2010 dejaron una huella imborrable en su sexenio. El exmandatario nunca supo cómo combatir de forma efectiva a los cárteles y la violencia se recrudeció.
Ayotzinapa fue lo mismo para Enrique Peña Nieto. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, en 2014, fue la principal marca del sexenio del priísta. El tampoco pudo esclarecer el delito ni localizar a las víctimas, además de fabricar una “verdad histórica” para acallar a la opinión pública sobre los hechos violentos ocurridos.
Ahora Teuchitlán, en Jalisco, se convierte en un nuevo capítulo de la violencia que vive México. El gobierno de López Obrador fue incapaz de reducir la inseguridad. Los colectivos denunciaron que hubo una ausencia absoluta en el acompañamiento de las víctimas y se permitió que los cárteles operaran con completa impunidad. Doblando al Estado como sucedió en el llamado “Culiacanazo” en octubre de 2019.
La versión de la presidenta Claudia Sheinbaum es una calca de las voces del pasado. Acusar golpeteo político de la oposición para aprovechar una tragedia y utilizarla en su contra. Esta mirada no ha cambiado con los gobiernos de todos los colores políticos.
Nota aparte: La normalización de la violencia no debe tolerarse en un país que añora el fin de la inseguridad. Si las acciones de Calderón, Peña Nieto y López Obrador no fueron suficientes para pacificar al país, ahora la responsabilidad radica en Sheinbaum, quien inicia el sexenio con una bomba mediática que trascenderá en el tiempo.
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