Este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz en Palacio Nacional. En la capital del país aseguró que se reforzará la vigilancia en Michoacán a diez días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El proyecto presidencial, según ha reiterado en sus conferencias de prensa mañaneras la mandataria, consiste en atender las causas sociales que derivan en la proliferación del crimen organizado. Su estrategia, es distinta a las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y de manera implícita de Andrés Manuel López Obrador.
Un estado que ha sido controlado por los cárteles de las drogas durante años tendrá presencia del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, que vigilarán los principales municipios de la entidad. Sheinbaum ha asegurado que la estrategia no consiste sólo en el envío de fuerzas federales, sino que también reforzarán los programas sociales y atenderán los espacios públicos olvidados por la guerra contra el narcotráfico.
El proyecto no sólo desplegará más de 12 mil elementos federales, sino que también contará con un presupuesto de 57 mil millones de pesos. Estas acciones son la principal apuesta de Sheinbaum para tratar de reducir la criminalidad en una de las entidades más violentas del país.
La apuesta fue ideada por Omar García Harfuch, quien también se juega su prestigio como “súper policía” en esta campaña. El principal presidenciable del gabinete de Sheinbaum busca dar un manotazo sobre la mesa para desarticular a los grupos criminales que se han enquistado en Michoacán durante años.
Sin embargo, este proyecto tan destacado por el gobierno federal llega tarde. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado por el crimen organizado. A igual que Bernardo Bravo, líder de los citricultores en Apatzingán, y Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de las Autodefensas, Hipólito Mora.
Un incendio que no se apaga
Felipe Calderón consideró que enviando a las fuerzas federales en el inicio de su administración en Michoacán sería una estrategia que no sólo legitimaría su presidencia, sino que además subsanaría un problema creciente en el país.
El problema no desapareció. El incendio que produjo se extendió por el resto del país, derivando en una serie de enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales que operaban en un pacto conocido como “paz narca” y que generó una cruel guerra que ha dejado desde entonces a más de medio millón de muertos.
El fenómeno de violencia no sólo se concentra en Michoacán. Todo el noroeste mexicano formó parte de una guerra entre El Cártel de Sinaloa contra El Cártel de Tijuana y El Cártel de Juárez. Y posteriormente se extendió con el Cártel del Golfo y éste a su vez con Los Zetas, que propiciaron la creación de otras organizaciones criminales como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el más exitoso de todos estos: El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estrategia de Calderón fracaso. Michoacán, como Veracruz, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila se convirtieron en territorios en disputa por parte de los grupos criminales. Con Peña Nieto la situación sólo se acrecentó en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Colima.
López Obrador permitió que las organizaciones pactaran entre ellas, pero esto produjo más luchas intestinas que se ampliaron hasta Sinaloa. Pese a que era el corazón del Cártel del Pacífico, no había vivido violencia hasta que se enfrentaron las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”. Además, la violencia se extendió al sureste mexicano, principalmente en Tabasco y Chiapas.
Con estas herencias, Sheinbaum pretende tratar de controlar el fuego, al menos para que no se extienda. No obstante, la estrategia que ha implementado parece poco oportuna en medio de una lucha por el control del país de los cárteles de las drogas.
Las presiones de Washington
La muerte de Carlos Manzo volvió a encender las alarmas en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en varias ocasiones que los cárteles de las drogas gobiernan el país. Y que Sheinbaum, a quien supuestamente respeta, tiene miedo.
El gobierno estadounidense a filtrado a la prensa aliada una serie de reportes sobre las intenciones que tiene Trump de una intervención militar en suelo mexicano para abatir a los líderes de los grupos criminales. Aunque inmediatamente Sheinbaum niega cualquier injerencia, lo cierto es que funcionan como medidores de la opinión pública para conocer las reacciones de la sociedad mexicana, y presionar más al gobierno mexicano.
Trump ha sido el primer presidente norteamericano que abiertamente ha criticado las condiciones de violencia que imperan en México. Pero no ha sido el único, pues tanto Joe Biden como Barack Obama y George W. Bush habían advertido sobre la corrupción en los gobiernos locales y subnacionales y sus respectivas asociaciones con el crimen organizado.
Desde enero pasado, Trump ha señalado que los cárteles de las drogas gobiernan México y que las autoridades han sido omisas para atender el problema. Por esto, fueron denominadas organizaciones terroristas. Esto le daría facultad al Estado norteamericano implementar operativos militares en aquellas zonas donde operan los grupos terroristas como sucedió en Afganistán e Iraq.
Los recientes hechos acontecidos en Michoacán generan más presión al gobierno de Sheinbaum. La mandataria federal tuvo que implementar un plan de atención en la zona. Esto después de que la prensa filtró que fuerzas especiales estadounidenses pretenden desarrollar un operativo especial contra el crimen organizado en México.
Las dudas de la apuesta de Sheinbaum
La presidenta apuesta a la pacificación de Michoacán. Calderón lo intentó en 2006 y después en 2009 con “El Michoacanazo” y fracasó. Peña Nieto hizo lo mismo con el envío del comisionado de la Paz, Alfredo Castillo, y sólo consolidó a nuevos grupos criminales. López Obrador optó por los abrazos y acusar a los criminales con sus madres.
Así, Sheinbaum quiere que este nuevo Plan Michoacán se posicione como un instrumento de pacificación que pudiese replicarse en otros estados como Guerrero o Sinaloa. Las dudas son válidas, pues si bien se ufanó de la exposición de estas acciones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cuando fue jefa de Gobierno, el contexto social, cultural, político y económico en Michoacán es completamente distinto, dado que operan grupos mejores armados y organizados que controlan a las autoridades locales.
El funcionamiento de un plan de pacificación depende de una depuración de las policías municipales. Así como de la detención de los ediles que colaboran con los grupos criminales. La presencia permanente de las autoridades federales, aunado a los procesos de desarticulación de los servidores públicos estatales que colaboran con el crimen organizado.
Otro mecanismo de gobernabilidad está asociado a las investigaciones de inteligencia que se remiten al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha sido cuestionado por la incapacidad de atender las principales problemáticas que vive el estado, similar a sus antecesores, desde Lázaro Cárdenas Batel, pasando por Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Silvano Aureoles.
Apéndice: La violencia no sólo debe focalizarse en Michoacán, sino en otras regiones del país, donde los grupos criminales se han extendido y han provocado una serie de acciones violentas en el territorio nacional con consecuencias cada vez más inhumanas.
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