Las universidades públicas estatales vuelven a estar contra las cuerdas. Las instituciones de educación superior volvieron a padecer del abandono sistemático del Estado en materia presupuestal con un incremento que no cubre ni siquiera la inflación de este año.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) denunció hace unos días que el presupuesto aprobado para este año para las universidades públicas estatales es insuficiente para abarcar los gastos operativos necesarios para el actual ejercicio fiscal.
El organismo que abarca a más de 200 universidades públicas y privadas del país alertó sobre los riesgos que representa este incremento simulatorio al presupuesto. Para las instituciones públicas estatales el aumento apenas fue de 1.75 por ciento para este año, con respecto a 2025, pero la Cámara de Diputados no contempló las cifras deflactadas, dado que el Banco de México (Banxico) estimó que los precios al consumidor se ubicarán en 3.5 por ciento para esta anualidad.
Es decir, los recursos económicos reales que tendrán las universidades públicas estatales no garantizan el gasto operativo para distintas áreas que son los ejes rectores de las instituciones educativas, como la docencia, la investigación y el fomento a la cultura.
En el caso de las universidades federales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el incremento presupuestal fue del tres por ciento. Esto significa que está por debajo de la inflación, pese a que se trata de la institución con la mayor matrícula escolar del país.
Según la ANUIES, las universidades públicas estatales operarán con un déficit presupuestal de más de 50 mil millones de pesos. Para el organismo defensor de las instituciones de educación superior, se trata del menor presupuesto para este sector desde 2018, el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Los riesgos salariales
Con las condiciones financieras con las que operarán las universidades en este año, deberán negociar con los respectivos sindicatos los contratos colectivos de trabajo con los trabajadores que podrían oscilar por el cuatro por ciento, apenas por encima de la inflación.
Sin embargo, ante la falta de un incremento real en los presupuestos de las universidades públicas, las instituciones educativas deberán gestionar ampliaciones extraordinarias para amortiguar el pago de la nómina de los trabajadores, lo que a su vez puede desincentivar nuevas contrataciones de personal académico y administrativo.
Pese a ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Edgar Amador Zamora, ha hecho mutis ante los reclamos de las universidades públicas estatales, que ante la negativa de la Federación, buscan el cabildeo con los respectivos gobiernos estatales para la obtención de recursos económicos adicionales.
Tampoco la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha pronunciado al respecto. Aunque cuenta con el micrófono diario de las conferencias de prensa mañaneras, la mandataria federal no se ha posicionado al respecto, y a los supuestos “periodistas” que acuden a Palacio Nacional no se les ocurre preguntarle sobre este tema, ya que están más preocupados por aplaudir o cobrar por preguntas que por el verdadero interés público.
En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra ha denunciado públicamente las problemáticas que enfrentan. En el caso de la máxima casa de estudios de esa entidad, está en riesgo la cobertura de la nómina
Mientras que el gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo Gaona, está más preocupado por buscar que su esposa, Ruth González Silva, lo suceda en el cargo, que en resolver el problema financiero de la universidad.
La persecución estatista
En Campeche la situación es más grave. El ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), José Alberto Abud Flores, fue detenido el pasado 12 de enero por supuestamente poseer drogas.
La comunidad universitaria acusó a la gobernadora Layla Sansores de ordenar sembrarle estupefacientes para aprehenderlo y obligar a una elección extraordinaria de la rectoría.
El exrector se había confrontado con la mandataria estatal al negarse a permitir eventos políticos en las instalaciones de la casa de estudios.
Para Abud Flores, era fundamental mantener la pluralidad que debe caracterizar a las universidades y no dejar que se realizaran actos partidistas en algún campus.
Sansores únicamente llevó la fórmula de la persecución estatal a las universidades a otro nivel. Previamente el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrascó en un conflicto contra la UNAM al acusarla de haberse “derechizado”, y oponerse a la autollamada “cuarta transformación”.
El expresidente intervino en los centros públicos de investigación. Fijó su mirada especial en contra del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al que acusó de semillero del neoliberalismo. Por ello ordenó la deposición del exdirector de la institución, Sergio López Ayllón, para colocar a José Antonio Romero Tealleche, quien ha sido denunciado por hostigamiento laboral y provocar la salida de grandes investigadores que posicionaron a la institución como una de las más prestigiadas tanto de México, como a nivel internacional.
Aunque López Obrador no logró una injerencia directa en la UNAM. Provocó la asfixia simbólica de la institución. El propio rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que las universidades públicas enfrentan una serie de dificultades asociadas con la necesidad de garantizar el acceso a la educación ante recortes presupuestales.
Sumisión como principio
López Obrador impuso un modelo de persecución contra las universidades públicas similar a las que caracterizaron al viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Aunque el tabasqueño es egresado de la máxima casa de estudios del país, demeritó la labor de la institución durante su sexenio.
La UNAM no hubiese sido blanco de sus críticas, si hubiera aceptado la sumisión como un principio fundamental del quehacer gubernamental de la “4T”. Esta situación se ha replicado en las universidades públicas estatales, en donde son rehenes de los intentos intervencionistas de los gobernadores que tratan de ocuparlas como espacios de control y vigilancia permanente que generen cuadros dóciles.
Esta situación provoca que las instituciones de educación superior enfrenten una problemática asociada con la mejora de la calidad educativa y las reducciones permanentes en los presupuestos. Una presidenta que se ha dicho científica y que se dedicó a la academia durante años ha abandonado la función social que tienen las casas de estudios para transformar al país con el desarrollo y la innovación científica y tecnológica.
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En un país, donde menos de la mitad de los jóvenes tienen la posibilidad de estudiar en alguna universidad pública, es fundamental que el Estado—un verdadero Estado del Bienestar—apueste por el crecimiento y desarrollo de las universidades con la ampliación presupuestal. Esto para mejorar la infraestructura de las mismas, la contratación de más personal docente y científico, así como del incremento de las becas, para que no sólo sea la UNAM la que aparezca en el ranking de las mejores universidades de América Latina.
Un verdadero gobierno progresista apuesta por la pluralidad de las ideas, en las que se genere el debate y la discusión de los asuntos públicos para fortalecer la democracia y ampliar las propuestas de resolución a los principales problemas que aquejan a la sociedad.
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Apéndice: Las universidades estatales, en algunos casos, están controladas por los gobiernos estatales que colocan a rectores a modo para que únicamente acepten sin cuestionar todas las decisiones en materia de política pública basadas en emociones y no en evidencias.
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