Apenas han transcurrido unos días desde que Ernestina Godoy asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y ha comenzado una cacería contra algunos personajes claves que forman parte de la larga lista de actores implicados en hechos de corrupción.
La fiscal comenzó con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien era investigado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto por sus actos de corrupción que cada vez eran menos ocultables. Sin embargo, por obvias razones, nunca se procedió contra Duarte en el gobierno de Peña Nieto. Pero en la gestión de Andrés Manuel López Obrador tampoco hubo una respuesta.
En las indagatorias de la FGR, acusaron al exmandatario estatal priista de lavado de dinero por más de 73 millones de pesos y de peculado por 97 millones de pesos. Los cuales fueron destinados para distintas empresas en las que era socio. E incluso con las cuentas públicas pagó las deudas de las tarjetas de crédito de la esposa del exgobernador, Bertha Olga Gómez Fong.
La nueva fiscal instruyó reactivar los expedientes que no se habían judicializado en la gestión de Alejandro Gertz Manero, señalado por su completa omisión en la continuidad de las indagatorias penales. Y también ha retomado las investigaciones en contra del exmandatario de Veracruz, Javier Duarte, que está por cumplir su pena de nueve años de prisión.
Se trató de la primera imputación que realiza la FGR en contra de Javier Duarte. Otro de los célebres exgobernadores que formó parte de la camada conocida como “Nuevo PRI”, que defendió Peña Nieto. Al exmandatario estatal lo acusaron de haber desviado recursos federales durante su gestión.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en el sexenio de Duarte se desviaron más de 62 mil millones de pesos. No obstante, en ninguna de las administraciones anteriores la FGR imputó al exgobernador de Veracruz. Quien es considerado como el peor de la historia—y eso ya es decir—, y que estaba por contar con su libertad.
La persecución a Casar
La gestión de Godoy no solo se caracteriza por perseguir a los dos exgobernadores priistas. También busca a la académica y exdirectora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, por haber cobrado de manera ilegal una pensión millonaria de su esposo, Carlos Márquez, exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), desde hace más de 20 años.
La investigación que judicializó la FGR pretende imputar a la académica crítica a los gobiernos emanados de la “cuarta transformación”, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades. La analista política ganó notoriedad pública, cuando el expresidente López Obrador refería que la académica era una de los artífices de las campañas negativas contra la “4T”.
La organización fue señalada como responsable de las acciones de desprestigio en contra del movimiento que encabezó López Obrador. Principalmente por sus ataques a los hijos del expresidente, después de evidenciar las redes de corrupción que consolidaron el sexenio pasado.
Aunque la FGR ha negado que exista persecución política en contra de Casar. Resulta evidente que hubo un interés prioritario de la fiscalía en contra de la activista. Una de las voces de la oposición más reconocidas en los últimos años y que formó parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
López Obrador acusó a la analista política de haber corrompido voluntades en el interior de Pemex. Con el fin de que los servidores públicos asentaran en el acta que su esposo murió por accidente y no por suicidio. Esto para permitirle cobrar la pensión vitalicia, la misma que fue suspendida en la gestión de Octavio Oropeza al frente de la empresa pública del Estado mexicano y que ahora es titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).
Los siguientes en la lista de la FGR
La FGR de Ernestina Godoy comenzó a desenvainar la espada. Las investigaciones se han acelerado en contra de los exgobernadores priistas que durante años gozaron de impunidad tanto en las administraciones de Peña Nieto como de López Obrador.
Sin embargo, entre los objetivos de la fiscalía federal no aparecerán personajes coludidos con la 4T como Ignacio Ovalle, extitular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), por el desvío de más de 14 mil millones de pesos en los primeros años del sexenio pasado.
Tampoco aparecerán el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, por la red de huachicol fiscal que predominó en el gobierno anterior. Las investigaciones no se centrarán en contra del senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, a quien señalan de haberse enriquecido durante su gestión como gobernador de Tabasco. Y haber nombrado a Hernán Bermúdez Requena, líder de la agrupación criminal conocida como “La Barredora”.
Es altamente probable que aparezcan otros personajes vinculados con los gobiernos anteriores. Tales como más exgobernadores que no pactaron con la 4T o exfuncionarios federales implicados en más actos de corrupción que no se “movieron” con Morena.
Lejos del nuevo Quinazo
La fiscalía federal se ha caracterizado por ser una instancia de persecución política. Durante años han existido una serie de medidas específicas orquestadas desde el gobierno federal para atacar a los opositores del régimen y a los anteriores funcionarios federales.
Uno de los golpes más importantes que efectuó la extinta Procuraduría General de la República (PGR) fue la detención de Joaquín Hernández Galicia “La Quina”. Entonces líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros, aprehendido en 1989 en el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Esto como parte de una estrategia para legitimar a su administración, que estaba cuestionada por el fraude electoral de 1988.
En 2013, Enrique Peña Nieto replicó estas acciones con la detención de Elba Esther Gordillo, quien estaba al frente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Y que aprehendieron después de haberse confrontado directamente con el Grupo Atlacomulco.
Después, en el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, detuvieron a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de formar parte del esquema de corrupción conocido como “la estafa maestra” en la cual participó para desviar más de siete mil millones de pesos.
Sin embargo, en el comienzo de la gestión de Claudia Sheinbaum no se ha detenido a ninguna persona implicada directamente con otras administraciones. Pero Ernestina Godoy está actuando como el brazo persecutor más efectivo del gobierno para atacar a los principales adversarios o a las personas que no tienen deudas pendientes.
Apéndice: Godoy trata de manejar una versión de mayor funcionamiento para la FGR, con la cual puedan detener a los principales adversarios políticos del régimen. Así como a las personas implicadas en actos de corrupción y que no negociaron con el actual gobierno.
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