La semana pasada se consumó el proceso de simulación en la sucesión de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR). El Senado de la República nombró a Ernestina Godoy como la nueva responsable de la procuración de justicia del país en sustitución de Alejandro Gertz Manero.
La nueva poderosa fiscal federal goza con el pleno apoyo presidencial para impulsar los expedientes que desde Palacio Nacional se elaboren. Y colaborará de manera activa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza Omar García Harfuch.
La exfiscal de la Ciudad de México ha sido una de las principales consentidas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde que la mandataria federal estuvo al frente de la Ciudad de México, Ernestina Godoy se convirtió en una de sus aliadas incondicionales. Esto le permitió postularse para repetir su encargo como fiscal capitalina, aunque la oposición legislativa capitalina se lo impidió.
Compensaron a la fiscal con una candidatura plurinominal como senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Apareció en la campaña presidencial de Sheinbaum junto con García Harfuch y con la ahora jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, haciendo comerciales en los que simulaban la popular serie “Friends”.
Con el inicio de la administración de Sheinbaum, designaron a Ernestina Godoy como consejera jurídica de la Presidencia de la República, cargo que ostentó por más de un año, hasta que la presidenta logró la salida de Gertz Manero y enviarla a su verdadera función.
En su primer discurso como fiscal federal, Godoy se comprometió a no fabricar culpables. Impronta que había caracterizado a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y que continuó con la FGR de Gertz Manero. Una clara alusión a su antecesor.
Según Godoy, se investigarán a los funcionarios y exfuncionarios federales que hayan incurrido en actos de corrupción. Bastaría hacer una breve revisión hemerográfica para constatar que hubo protección política a los más cercanos excolaboradores del expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Tal como Ignacio Ovalle, responsable del gran desvío de más de 15 mil millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en el sexenio pasado.
La procuración de justicia politizada
Desde que conformó la institución procuradora de justicia en el país en 1884, durante el Porfiriato, esta instancia se utilizó como un brazo político para perseguir a opositores y la fabricación de delitos ha sido un sello distintivo tanto a nivel federal como en el ámbito subnacional.
En los gobiernos posrevolucionarios la PGR atrajo más funciones y atribuciones que la convirtieron en una de las instituciones más poderosas del Estado mexicano. Durante la época de mayor hegemonía del priismo, la PGR era una dependencia temida por la población. En la cual sus tristemente célebres agentes de la policía judicial se encargaban de intimidar, amenazar, golpear y torturar a aquellos supuestos sospechosos de un delito, sin tener suficientes pruebas de su culpabilidad.
El ”tehuacanazo” y otras prácticas violentas se convirtieron en regla. Durante la represión estudiantil de 1968, la PGR tuvo un papel preponderante y poco visible en las agresiones hacia los estudiantes universitarios. Su mano era poco percibida en la opinión pública, pero los sobrevivientes de la masacre reconocieron que existía un temor similar al Ejército mexicano.
Su pésima fama fue creciendo durante la guerra sucia en la década de los setenta. Pues los agentes judiciales actuaron en contubernio con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), la famosa policía política mexicana, para detener y amedrentar a los opositores.
Con el fin de los gobiernos nacionalistas y el inicio de la tecnocracia, Miguel de la Madrid y después Carlos Salinas de Gortari se comprometieron a impulsar una reforma sustancial a la PGR, pero esta nunca se concretó y solo colocaron a personajes afines para seguir las instrucciones de la presidencia.
La alternancia política y los vaivenes de la PGR
El inicio de este siglo y el comienzo de la alternancia política mexicana evidenciaron una necesaria reforma al sistema de procuración de justicia mexicana. Las gestiones de los procuradores cada vez fueron más visibilizadas y reprobadas por la opinión pública.
Tal es el caso de Rafael Macedo de la Concha, primer procurador de justicia del sexenio de Vicente Fox, quien fue el encargado de armar el expediente de desafuero en contra del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Su labor no solo fue deficitaria y politizada, sino paupérrima. Pues permitió posicionar a López Obrador, martirizarse y convertirse en el principal presidenciable para los comicios de 2006. En tanto, la gestión de Daniel Francisco Cabeza de Vaca fue condenada por sus omisiones en los expedientes de delitos de alto impacto.
En el sexenio de Felipe Calderón hubo tres procuradores. Eduardo Medina Mora fue el primero y responsable de armar los expedientes contra los principales capos de las drogas en el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Su gestión concluyó cuando el expresidente lo envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ante las fallas de los expedientes en contra de los principales líderes de los cárteles de las drogas.
Arturo Chávez Chávez, el segundo en el sexenio de Calderón, el gobierno de Estados Unidos lo señaló de mantener nexos con el Cártel de Juárez.
La última fue Marisela Morales, la primera mujer en el cargo, que investigaron por cobro ilegal de recompensas de los narcotraficantes, estrategia que popularizó Calderón en contra de los capos.
El desfile de acusaciones en el sexenio de EPN
En el gobierno de Enrique Peña Nieto desfilaron por la PGR cuatro personas. Jesús Murillo Karam fue el primero de ellos y el autor de la frase “la verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014. Su fracaso en las investigaciones sobre el caso que cimbró el gobierno del último priista provocó su salida.
Arely Gómez, la segunda mujer en el cargo, fue la responsable del expediente de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. Así como de no investigar los desfalcos millonarios de los entonces gobernadores, la mayoría de ellos formaban parte de la camada conocida como “Nuevo PRI”. Y evidentemente no indagó a Peña Nieto por el caso de la Casa Blanca.
Raúl Cervantes, el tercer procurador de Peña Nieto, lo acusaron de proteger al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien lo habría sobornado para aceptar su salida de México sin una investigación exhaustiva por el desvío de millones de pesos en su administración.
El último fue Alberto Elías Beltrán, quien ordenó proteger a los políticos involucrados en el esquema de corrupción de Odebrecht. Y provocar la renuncia de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Además de iniciar expedientes en contra del candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, por lavado de dinero.
Alejandro Gertz Manero, el primero en ocupar el cargo de fiscal de la República, de quien se ha abordado en extenso su perfil con anterioridad. Así, Ernestina Godoy se posiciona como la primera fiscal y la más cercana colaboradora de Sheinbaum.
Además, a diferencia de sus antecesores, la FGR cuenta con una infraestructura de recursos humanos, técnicos, económicos, materiales superiores. Además de que, a diferencia de Gertz Manero, tiene una relación casi simbiótica con Sheinbaum y un trabajo coordinado con Seguridad y Protección Ciudadana.
Apéndice: Aunque el discurso de Ernestina Godoy esté relacionado en contra de la corrupción, su historial público no lo respalda. Aunado a que tiene a varios de sus familiares en la administración pública, lo que representa por sí solo un mero acto de corrupción.
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