La semana pasada la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su exesposo, Carlos Torres Torres, por vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. El anuncio de la mandataria estatal ocurre en medio de las presiones de Washington en contra de las autoridades mexicanas para fortalecer las acciones contra el crimen organizado.
La gobernadora—cuya visa fue retirada por parte del gobierno de Estados Unidos en mayo pasado—admitió que existen investigaciones en contra de su excónyuge. Quien es señalado de nexos con el Cártel de los Rusos para recibir mensualmente 150 mil dólares para que les permitieran operar en Mexicali.
Sin embargo, la mandataria estatal emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazó haber conocido cualquier operación ilícita de su exesposo. La pareja se disolvió apenas en octubre pasado y las declaraciones de la gobernadora han dejado más dudas que certezas.
Apenas hace unos meses la prensa reveló que el excónyuge de la gobernadora mantenía nexos con el crimen organizado. Esta situación habría causado que el gobierno norteamericano retirara la visa de Marina del Pilar, quien minimizó en su momento la decisión de las autoridades estadounidenses.
En reiteradas ocasiones, la gobernadora afirmó que no existía alguna situación ilícita en su administración. No obstante, los señalamientos por los vínculos de su entonces esposo con el crimen organizado provocaron su “separación matrimonial”. Esto para disminuir el costo político que representaba para Marina del Pilar.
Washington pide captura de narcopolíticos
La colusión entre funcionarios de diferentes niveles de gobierno y el crimen organizado no es nueva. Desde hace años la prensa ha documentado los nexos que han mantenido en diversas regiones del país para sustentar procesos de “gobernabilidad” sin importar los colores de los partidos políticos que representan.
En la actualidad, Morena ejerce el control de la mayor parte del país. El partido guinda gobierna en 23 de los 32 estados. Entre ellos, algunos señalados históricamente por sus altos niveles de violencia e inseguridad que se incrementaron a partir de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Algunos de los estados con una situación más compleja son Michoacán, Baja California, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Colima. En donde Morena mantiene el control gubernamental, pero con una serie de dudas sobre su continuidad ante el fracaso de su política de seguridad.
La inacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detener a los grandes capos del crimen organizado y a los narcopolíticos involucrados en las redes de complicidades que se construyeron y consolidaron durante el sexenio pasado colmaron la paciencia de la administración de Donald Trump que constantemente ha amagado con una intervención militar en el territorio mexicano para ejecutar a los grandes criminales.
El mandatario republicano ha dicho que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha hecho lo suficiente para atender la problemática. Para Washintgon, la elevada colusión entre el crimen organizado y los gobiernos locales impide mecanismos de gobernabilidad en distintas regiones del país. Y por ello han urgido al gobierno mexicano a dejar de proteger a funcionarios implicados en las redes de corrupción.
Colaboración de Rubén Rocha con “El Mayo” Zambada
Desde hace meses la prensa afín a Trump ha señalado a varios personajes implicados con el crimen organizado, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Quien incluso fue acusado por el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, por haber colaborado con la organización criminal.
El incremento de la violencia que se ha producido en Sinaloa tras la captura del Mayo Zambada. Esto se ha suscitado, según el gobierno estadounidense, por la participación de las autoridades locales que no actuaron para atender el problema y pretenden negociar con la facción ganadora de la batalla intestina del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum contra las cuerdas
Trump ha escalado en sus amenazas de una operación militar en México. El éxito de la intervención de extracción de Nicolás Maduro en Venezuela lo ha envalentonado. Y las insuficientes respuestas por parte del gobierno mexicano para combatir a los cárteles de las drogas han obligado a una reconfiguración de la estrategia de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum no puede seguir protegiendo a los narcopolíticos que están implicados en las redes de colusión con las organizaciones delictivas. El costo político que representará para la mandataria y para la coalición política gobernante será mayor y se podría reflejar en las elecciones federales intermedias de 2027.
Por otro lado, para la presidenta, el hecho de no detener a un narcopolítico como una ofrenda a Estados Unidos puede ser contraproducente. El volátil inquilino de la Casa Blanca podría considerar que no se ha hecho lo suficiente. Y actuaría de manera unilateral en territorio mexicano para capturar a un capo o bombardear narcolaboratorios.
Así, el escenario que se asoma para la presidenta es complicado. Debe mantener los acuerdos políticos fijados por López Obrador y al mismo tiempo atender las exigencias de Trump sobre el combate al crimen organizado.
La negativa de Trump para renegociar el T-MEC
En medio de esa situación está la negativa del presidente estadounidense para renegociar el T-MEC, al cual consideró como innecesario. Esto debido a que afirmó que ha sido perjudicial para la economía norteamericana y por ello deben eliminar un convenio en el que se apueste por la erradicación de los aranceles, herramienta de coerción que ha sido efectiva para Trump desde que regresó a la Casa Blanca.
El principal acuerdo multilateral que tiene México está en duda. Canadá ha decidido acercarse a China. Mientras que Estados Unidos decide impulsar una política económica más agresiva y esto puede seguir desalentando la inversión económica de los principales capitales mundiales.
Sheinbaum lidiando con escándalos de morenistas
Además, el gobierno de Sheinbaum debe lidiar con los constantes escándalos en los que están involucrados los gobernadores morenistas. No solo debe aceptar la situación de Rubén Rocha en Sinaloa, sino también con Marina del Pilar en Baja California, Evelyn Salgado en Guerrero y Alfredo Bedolla en Michoacán, cuya entidad se mantiene en el ojo del huracán después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre pasado.
Aunque el gobierno de Sheinbaum ha hecho más contra los cárteles de las drogas en comparación con López Obrador, para Trump ha sido insuficiente. Y el reclamo de la entrega de las principales cabezas de la narcopolítica es una exigencia que se mantiene sobre la mesa.
Los informes entregados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a las autoridades estadounidenses no han servido. Para el Departamento de Seguridad de Estados Unidos el impacto mediático que representa un golpe al crimen organizado es un premio mayor que los resultados de las supuestas caídas en las defunciones por homicidios dolosos en el país.
De esta manera, se le acaba el tiempo al gobierno mexicano para tomar una decisión en materia de combate al crimen organizado. La permanencia de los cuadros más cercanos al lopezobradorismo podría representar el final de la hegemonía morenista en el país, pero incluso una probable violación a la soberanía nacional.
Apéndice: El gobierno de López Obrador hizo caso omiso a las exigencias del gobierno de Joe Biden para combatir a los cárteles y decidió actuar de forma unilateral para aprehender al Mayo Zambada sin brindarle información al respecto a la administración federal que fue exhibida por su incompetencia en materia de seguridad.
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