En menos de un mes, será la elección donde se renovarán diferentes cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Entre ellos, nueve cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, la discusión pública no está centrada en los perfiles, y la ciudadanía, en su mayoría, no está interesada en el proceso de renovación.
La reforma judicial, aprobada en septiembre pasado, nació muerta. Sin claridad en sus reglas de operación y organización, Morena y sus aliados se empeñaron en aprobar e implementar la nueva modificación constitucional a la brevedad. Sucedió pese a que la academia, los abogados, los activistas, los investigadores y los periodistas críticos denunciaron el retroceso que esto implicaba.
Aunque el proceso de campaña lleva más de un mes, casi nadie sabe quiénes son los candidatos a los diferentes cargos judiciales que se elegirán el próximo 1 de junio.
Los únicos que lograron visibilizarse de forma efímera son la candidata a la SCJN, Dora Martínez, autollamada “Dora la transformadora”, en clara alusión a la “Cuarta Transformación”. Así como Arístides Guerrero, aspirante a la Corte, quien en un video se autocalificó como el candidato “más preparado que un chicharrón”. Esto generó burlas en redes sociales.
Las ministras que buscan seguir en sus cargos, como Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, cercanas a la “4T”, implementaron campañas similares a las que desarrollaron los aspirantes a algún cargo Ejecutivo, presidencias municipales y gubernaturas, manteniendo una cercanía con los grupos políticos y sindicatos que se inclinan del lado del régimen actual.
Lenia Batres intentó registrar sin éxito el nombre de “ministra del Pueblo” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). En cambio, Yasmín Esquivel se dijo dispuesta a presentarse en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La misma casa de estudios a la que impidió revelar las investigaciones en su contra por el plagio de su tesis de Licenciatura. Por su parte, Loretta Ortiz tuvo un mayor acercamiento a los grupos más radicales del morenismo.
Campañas para la elección judicial, sin apoyo ni plataformas
La reforma judicial, aprobada por la 4T, estableció que las personas que busquen algún cargo dentro del Poder Judicial deberán realizar campaña sin recursos públicos.
A diferencia de lo que sucede en las elecciones para renovar puestos en el Ejecutivo y Legislativo, en las cuales, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorga prerrogativas a los institutos políticos para proselitismo, en esta ocasión no habría presupuesto especial para candidatos. Los gastos corren por su cuenta.
Esto puede provocar que los grupos políticos otorguen, bajo la mesa, el dinero a los aspirantes. También, permite que el crimen organizado pueda participar en la elección judicial, financiando candidatos a jueces federales quienes, cuando accedan a esos cargo, darían beneficios legales a los integrantes del narcotráfico.
Además, los candidatos que en la actualidad desempeñan una labor dentro del Poder Judicial pueden realizar campaña fuera de su horario de oficina. Se trata de un ejercicio de simulación. En el cual verdaderamente las personas no podrán tener acceso a información confiable de la labor de los jueces, magistrados y ministros.
Otro aspecto importante de esta inerte campaña electoral es la ausencia de espacios en radio y televisión. Esto significa que los aspirantes a los cargos judiciales no pueden gozar de tiempos de radiodifusión para que más personas conozcan sus mensajes. Solo centran su campaña en redes sociales, que si bien pueden atraer a la audiencia más joven, no lo harán con los grupos etarios más avanzados, quienes, además, son los que más participan en procesos electorales.
A estos aspectos se debe sumar que la ciudadanía no sabe qué van a elegir y qué funciones tienen los jueces, magistrados y ministros. Ante un elitista Poder Judicial, visto socialmente como una esfera aislada de la realidad. Ahora tienen que tratar de acercarse a la población de a pie, que, en algunos casos, creen que son los responsables de los Ministerios Públicos, cuando estas instancias son dependientes de las fiscalías estatales y federal, que a su vez son procuradoras de justicia desde el Ejecutivo.
La simulación en la elección judicial
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció públicamente que la participación ciudadana será menor al 20 por ciento. La más baja en cualquier elección nacional desde que se tenga registro. Las personas no están interesadas en votar por los jueces, magistrados y ministros, porque no tienen suficientes incentivos para hacerlo.
A diferencia de lo que sucede con un candidato a alcalde o gobernador, cuyas acciones y decisiones pueden mejorar el entorno de la población con infraestructura pública. En el caso de los aspirantes a jueces y magistrados, ninguno de esos problemas se resolverá. Por ende, al conocer que su figura es eminentemente imparcial en la resolución de un caso, no habrá una movilización significativa.
Los grupos que participarán en la elección al poder judicial son afines a Morena. El partido usará su estructura política para fines clientelares. Y con ello, favorecer a los aspirantes que, en la actualidad, simulan competir a través de videos vacíos en TikTok y otras redes sociales, para tratar de ganar notoriedad.
Una jornada que se prevé fallida
El INE, con un presupuesto reducido, tiene que difundir mensajes para promover la participación ciudadana en las urnas. Lo anterior, aunado a que colocarán menos casillas electorales que en comparación con una jornada electoral regular. Este experimento de Morena mostrará sus peores resultados.
Si a lo anterior sumamos que no habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que ayude a transparentar las tendencias, la percepción sobre el ejercicio electoral será aún peor. Como se ha referido en este espacio con anterioridad, la reforma judicial estuvo mal hecha y, sin un diagnóstico, está destinada al fracaso.
Los escasos requisitos que establecieron para la participación en el proceso electoral, así como los comités de evaluación —controlados en dos de los tres poderes por Morena— palomearon a los perfiles más “apropiados” para desempeñar las funciones de jueces, magistrados y ministros.
La semana pasada, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, habló nuevamente del retroceso que implicó la reforma judicial. No es el perfil más legítimo para hablar del tema, al ser el último mandatario que reformó al Poder Judicial. Sin embargo, dejó en claro que su implementación es adversa para garantizar la correcta impartición de justicia en el país.
Apéndice: La reforma judicial, una de las terquedades que heredó Andrés Manuel López Obrador, solo es un ejercicio de simulación para consolidar la apropiación y control de Morena en el Poder Judicial de la Federación. Esta situación también se repetirá en los estados, donde los congresos locales aprobaron sin chistar esta modificación en sus respectivas constituciones estatales.
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