Apenas la semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió el acuerdo para crear e integrar el Comité de Evaluación para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año en el Poder Judicial, en el que destacan perfiles afines al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Muestran una clara inclinación a favor de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Las personas que pretendan ocupar un cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) deberán ser palomeadas por el oficialismo.
Las personas encargadas de revisar los expedientes de los aspirantes tienen una visión favorable con el gobierno federal. Razón por la cual resulta evidente que seleccionarán a los perfiles más cercanos a la “4T”.
Entre los personajes que formarán parte del Comité de Evaluación de aspirantes al Poder Judicial, presentado por el Poder Ejecutivo, está el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar. Desde su salida de la Corte ha sido señalado por defensa del gobierno y crítica contra la gestión de Norma Piña al frente del PJF.
Aunque en un principio Arturo Zaldívar se pronunció en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial, su visión cambió al dejar la Corte. Expresó una clara simpatía hacia esta modificación. Provocó que la comunidad jurídica lo señale como uno de los artífices de la salida de casi 900 jueces y magistrados que dejarán sus cargos.
La comunidad jurídica lo acusa de tomar decisiones jurisprudenciales a favor de la 4T y el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, López Obrador no impulsó ninguna reforma constitucional al Poder Judicial. Con su salida y el arribo de Norma Piña, las disputas se aclararon. El exmandatario federal envió al Congreso de la Unión la modificación para que juzgadores e impartidores de justicia queden electos por medio del voto popular.
Otros perfiles del Comité de Evaluación al Poder Judicial
Otro perfil afín al gobierno federal es el de Javier Quijano Baz. Fue abogado de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso de desafuero como jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2005. Pese a que no ha colaborado abiertamente con el gobierno federal, su historia con el exmandatario federal evidencia que existe un sesgo a favor de personas que tienen una visión cercana a la presidencia.
También integran el Comité de Evaluación Vanessa Romero Rocha, quien participó en medios de comunicación con una inclinación menor hacia Morena;
Estará Isabel Inés Romero Cruz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, y Mary Cruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, ambas entidades gobernadas por Morena.
En cambio, existen otras personas cuestionables en el Comité de Evaluación que, en cambio, integró el Poder Ejecutivo. Es el caso de Andrés García Repper, abogado electoral que apoyó a la Reforma Judicial en distintos foros organizados por Morena. Ha sido representante de ese partido ante el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas.
También está Maribel Concepción Méndez, apoyada por López Obrador para encabezar el Tribunal Agrario; Ana Briseño Torres, presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora, electa por el apoyo de Morena.
Además, figura Maday Merino Damián, exconsejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Tabasco. Es cercana al senador Adán Augusto López. En cambio, María Gabriela Sánchez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Sinaloa, también es respaldada por el partido guinda.
Las propuestas de la SCJN
En cambio, la SCJN presentó a sus propuestas para el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Fue con el voto en contra de las ministras oficialistas Loretta Ortiz, Yazmín Exquivel y Lenia Batres.
Entre los perfiles con más respaldo profesional y académico están Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También, Emma Meza Fonseca, magistrada en materia penal con especialidad en derecho procesal; Emilia Molina de la Puente, magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras; Wilfrido Castañón, magistrado especialista en juicios de amparo, y Luis Enrique Pereda, consejero de la Barra Mexicana de Abogados.
Así, los tres poderes de la Unión presentaron sus Comités de Evaluación para la revisión de los aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
En dos de ellos se refleja una clara intención de beneficiar al oficialismo, mientras que en otro se observa una pretensión de una mayor pluralidad e imparcialidad con perfiles más académicos y menos políticos.
Por ello, resulta claro que los perfiles que Morena seleccione serán favorables a la 4T. No habrá una garantía sobre si dichos aspirantes realmente representarán una plena independencia del poder político.
Entre los procesos de simulación que estableció la reforma impulsada por López Obrador y Sheinbaum destacan que los filtros no estarán sujetos a la especialización y conocimiento sobre distintos ámbitos profesionales, sino por la subordinación política.
Apéndice: No será extraño, entre tanto cinismo político, que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo elija a las ministras de la SCJN. Es decir, que sea Arturo Zaldívar, quien las califique y, por ende, las posicione como candidatas para seguir en la máxima instancia del Poder Judicial.
Las opiniones y análisis de los columnistas no necesariamente reflejan el punto de vista de esta casa editorial.
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