Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este lunes entró en vigor la llamada Ley 3 de 3 que impide a violentadores y a deudores alimentarios ser candidatos u ocupar algún cargo público.
Esta reforma adecua los artículos 38 y 102 de la Constitución Mexicana “en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público”.
El artículo 38 establece que los derechos de un ciudadano serán suspendidos al tener una sentencia firme por la comisión de cualquier delito contra la vida y la integridad corporal.
A esto, se suman también actos de violencia de género y familiar, en cualquiera de sus modalidades. De igual modo, ante situaciones de acoso, hostigamiento y por violencia política contra las mujeres.
Lo mismo aplicará con aquellos a los que un juez los sentencie como persona deudora alimentaria morosa.
“En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”, detalla la reforma.
Por otra parte, en el artículo 102 adicionaron que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) debe tener al menos 35 años de edad, al momento de la designación. También que deberá contar con una antigüedad mínima de diez años en el servicio.
Ley 3 de 3 “mueve el piso” a violentadores y deudores rumbo al 2024
El 28 de abril, el Senado de la República aprobó la ley 3 de 3 para impedir que violentadores sean candidatos o tengan cargo público. Esta reforma es un paso importante para frenar la violencia de género.
Esta restricción aplicará para las elecciones del 2024, toda vez que hay políticos con denuncias por violencia de género o por deudores alimentarios. Es el caso del delegado del Infonavit en Hidalgo, Canek Vázquez Góngora.
En los artículos transitorios, la reforma establece un plazo de 180 días naturales tras la entrada en vigor para que los Congresos locales homologuen la iniciativa.
El Congreso de Hidalgo ya cumplió con esto. El pasado 24 de mayo, los diputados locales aprobaron por unanimidad la homologación de la Ley 3 de 3. Esto evitará que deudores y agresores aspiren a un cargo en los próximos comicios.
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