El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, Óscar Javier González Hernández reveló que en lo que va de la administración de Julio Menchaca, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha resuelto el 33 por ciento de juicios laborales.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario informó que el organismo recibió cinco mil 180 demandas desde el 2022 a la fecha.
Detalló que, de dichos juicios laborales, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Trabajo de Hidalgo, únicamente ha resuelto mil 738.
Sin embargo, el funcionario comentó que, actualmente, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ya solamente tiene a cargo el 66.7 por ciento de los casos restantes. Esto debido a que el Tribunal de Arbitraje adquirió facultades judiciales para apoyar al trabajador en caso de que quiera iniciar una demanda.
En este sentido, aclaró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya no recibe demandas de este tipo.
Podríamos decir que, de cada cuatro asuntos que se presentan, tres se resuelven vía la conciliación. Los que no se resuelven, se les emite un acta de no conciliación y en ese momento están en condiciones de iniciar una demanda (…) ante el Tribunal Laboral, que ahora no depende de la Secretaría del Trabajo, sino del Poder Judicial del Estado”
De igual forma, el secretario espera concluir con los casos pendientes antes de finalizar la administración del gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar.
Los datos del Tribunal de Arbitraje
De igual forma, Óscar González dio a conocer que el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo resolvió 105 laudos laborales. De acuerdo al funcionario, esto equivalió a 78.5 millones de pesos en demandas para beneficio de los trabajadores.
Detalló que, del total de laudos, 66 fueron condenatorios y siete mixtos, junto con 32 absolutorios por las dependencias de origen. Además, explicó que dicho tribunal ayudó durante el periodo de transición de los ayuntamientos al ratificar 857 convenios fuera de juicio.
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El secretario indicó que su intervención evitó que existieran el mismo número de demandas contra los gobiernos municipales. Explicó que, con ello, lograron un total de indemnizaciones a las y los trabajadores por 24 millones 210 mil 247 pesos.
La explotación laboral infantil en las zonas rurales de Hidalgo
Durante la comparecencia, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Karla Perales, cuestionó al secretario sobre las acciones realizadas para erradicar el problema de la explotación laboral en las infancias de las zonas rurales del estado.
Ante ello, Óscar González explicó que la Dirección General del Trabajo ha dado orientaciones a más de mil 600 niños, niñas, adolescentes, padres y madres sobre el riesgo de esta práctica. Sin embargo, aseguró que el origen del problema son los usos y costumbres, pues el trabajo de menores no está “mal visto” por las comunidades.
El funcionario justificó que esto ha impedido terminar con el problema de la explotación laboral en menores de edad. Incluso aseguró que varios padres y madres de familia de zonas rurales le han recriminado no contar con el apoyo económico que sus hijos generan.
Si les decimos –no lleven a sus niños a trabajar al campo- (…), he enfrentado yo reclamos de padres de familia donde me indican –está bien, yo los quito y ¿quién me da el apoyo que él genera? ¿Me lo van a dar ustedes?-”.
De igual forma, expresó que las leyes en materia de trabajo infantil deben aplicarse de forma particular.
No es lo mismo un pequeño que labora en zona urbana a un pequeño que ayuda en los trabajos cotidianos de las zonas rurales”.
Por ello, aseguró que la Secretaría del Trabajo realiza visitas a los centros de educación en zonas rurales. Esto con el objetivo de explicar la diferencia entre explotación laboral infantil y colaboración familiar.
Además, aseguro que varios padres y madres de familia comienzan a aceptar y reconocer los derechos de sus hijos a la diversión y la educación.
Ante ello, Karla Perales precisó que la explotación es la misma en todos los lugares del estado, por lo que pidió al secretario no escudarse en los usos y costumbres para dejar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean violentados.
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