El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar aseguró que no permitirá el uso de violencia en el conflicto entre el sindicato CIOASEUM y trabajadores que buscan frenar la llegada de dicha organización para controlar las minas del municipio de Zimapán.
Durante una entrevista, el mandatario destacó la intervención de la Secretaría de Gobierno, pues dicha dependencia estableció una mesa de diálogo que permitió generar las condiciones necesarias para la actividad minera en esa región.
Respecto a la seguridad, afirmó que ya destinaron a suficientes elementos de seguridad para garantizar la paz y tranquilidad en la región.
De igual forma, Julio Menchaca subrayó que el sindicato CIOASEUM y los trabajadores de las minas no deben recurrir a la violencia en dicha zona de Hidalgo.
Reafirmó su respeto por el trabajo sindical, enfatizó que no permitirá disturbios ni el uso de la fuerza pública entre el Sindicato y trabajadores para controlar las minas de Zimapán.
Finalmente, reiteró que las organizaciones gremiales deben actuar dentro del marco legal. Su representación debe cumplir con las disposiciones legales correspondientes.
Breve historia del conflicto en las minas de Zimapán
El conflicto en Zimapán estalló el 9 de noviembre, con un bloqueo organizado por trabajadores de minas y transportistas. Denunciaron la llegada del sindicato Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales (CIOASEUM).
Dicho grupo, conocido como “Sindicato del Cemento”, fue señalado por intentar controlar las concesiones laborales de las minas, empleando incluso tácticas intimidatorias con helicópteros y armas largas.
El 13 de noviembre, la situación escaló cuando el CIOASEUM bloqueó accesos a seis minas y caminos, afectando a empresas como Carrizal Mining y Purísima Preisant. Eso generó pérdidas económicas superiores a 24 millones de pesos y puso en riesgo más de 5 mil empleos, según los representantes de ambas firmas.
Durante ese día, la Guardia Nacional y policías estatales intervinieron para evitar enfrentamientos.
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Al día siguiente, mineros y habitantes protestaron en el Palacio Municipal de Zimapán, acusando al sindicato de operar sin permisos legales. Para el 15 de noviembre, una caravana de alrededor de mil trabajadores partió rumbo a Pachuca para exigir la intervención del gobierno estatal.
Sin embargo, solo llegaron al municipio de San Agustín Tlaxiaca. Ahí, una comitiva de 18 representantes partió a la capital de Hidalgo para dialogar con las autoridades.
De esa forma, el Gobierno de Hidalgo se comprometió a intervenir en el conflicto y evitar actos violentos en la zona. El 16 de noviembre, 50 policías municipales y estatales llegaron a las minas de Zimapán para liberarlas y cuidar los caminos.
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