Integrantes del Grupo Hidalgo interpondrán un amparo y denuncia contra servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras el aseguramiento de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul en el municipio de Tula de Allende.
Según medios de comunicación, indicó que más de 230 socios y familias tuvieron afectaciones en su patrimonio tras el operativo de la FGJEM.
Acusó que los oficiales ministeriales no mostraron el mandato judicial para tomar las instalaciones y tampoco les notificaron acerca de la intervención. En ese sentido, el Grupo Hidalgo argumentó que no hay información pública sobre las acciones en contra de su personal.
Grupo Hidalgo también mencionó que tienen un amparo vigente que les permitía el resguardo de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul. Por ello, señalaron a la FGJEM de realizar un operativo ilegal.
Ante esta situación, promoverá un juicio de amparo contra la toma de posesión de la planta de Tula de Allende, indicando que hubo violaciones a los derechos humanos de los socios, pero sin especificar cuáles.
Posteriormente, presentarán denuncias contra los servidores públicos de la FGJEM que participaron en el operativo con el argumento de que no tienen jurisdicción en Hidalgo.
El operativo en Tula de Allende
El pasado 12 de febrero, elementos de la FGJEM, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y policías municipales de Tula de Allende y Atitalaquia arribaron a la planta cementera en Tula de Allende.
Alrededor de las 04:00 horas, cumplieron con una orden judicial emitida por un juez del Estado de México para recuperar las instalaciones. Aseguraban que la autoridad determinó que el lugar le corresponde al presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel.
Por ello, los agentes ministeriales ingresaron a la planta para resguardar el inmueble, pero hubo detonaciones de arma durante las diligencias. Además, ignoraron el amparo presentado por los socios que permanecían en las instalaciones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) señaló que las autoridades hidalguenses solo mantuvieron un perímetro de seguridad. También comentó que el operativo dejó un saldo de 33 personas detenidas.
De dichas personas, 31 son investigadas por hechos que la ley sanciona como desobediencia y resistencia de particulares. A las otras dos se les acusa de portación de armas al encontrarles dos armas de fuego calibre 38.
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