La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos durante el operativo de restitución de la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, en el municipio de Tula de Allende.
El organismo abrió el expediente CDHEH-VT.TA-0051-26 luego de que se difundieran en redes sociales y medios de comunicación imágenes en las que se observa la presunta agresión contra el reportero Alejandro Torres, quien cubría los hechos en el lugar.
De acuerdo con los videos, elementos policiales le solicitaron al comunicador que se retirara y se mantuviera a una distancia de entre 200 y 300 metros. El periodista preguntó hasta dónde podía ingresar y el motivo del despliegue de seguridad.
En el material se escucha a los agentes decirle: “No vamos a impedir que hagas tu trabajo, pero retírate. Date la vuelta y retírate, por favor”.
Momentos después, el reportero grita: “Auxilio, la Policía me está agrediendo, soy reportero”, mientras la imagen presenta movimientos bruscos.
La CDHEH informó que la queja se encuentra en etapa de investigación para determinar si alguna corporación incurrió en violaciones a derechos humanos durante el operativo en la cementera Cruz Azul.
Además, durante la cobertura del mismo operativo, la periodista Beatriz Flores González, directora del medio Presencia Hidalguense, resultó lesionada por un petardo.
Testigos señalaron que el artefacto fue lanzado durante un enfrentamiento entre civiles y elementos de seguridad. La comunicadora recibió el impacto en la pierna alrededor de las 09:00 horas. Fue atendida en el sitio por una médica de la cooperativa y no requirió traslado hospitalario.
Las transmisiones en vivo captaron el momento de la agresión, aunque no se identificó a la persona responsable.
Operativo en la planta de Cruz Azul
El operativo ocurrió la madrugada de este jueves. Alrededor de las 04:00 horas, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y policías municipales de Tula de Allende y Atitalaquia cerraron los accesos a la planta.
La diligencia ministerial respondió a una orden judicial emitida por un juez del Estado de México. Este determinó que existían elementos suficientes para reconocer a Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, como legítimo representante. Debido a ello, ordenó la restitución del inmueble.
Agentes ministeriales ingresaron para desalojar a quienes permanecían en el interior. Testigos reportaron la presencia de camionetas blancas sin logotipos y la detonación de armas largas durante el despliegue.
Personas que se encontraban en la planta aseguraron contar con un amparo contra la restitución. No obstante, el inmueble quedó bajo resguardo de la FGJEM, con apoyo perimetral de autoridades hidalguenses.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) precisó que los elementos estatales únicamente colaboraron en la creación de un perímetro de seguridad. Ambulancias ingresaron al complejo, aunque las autoridades no detallaron el motivo.
La CDHEH continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Conflicto por la planta cementera en Tula de Allende
La disputa por el control de la planta inició en 2010. En ese entonces, Federico “El Aleluyo” Sarabia Pozo y Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas rompieron con el Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul.
El conflicto escaló en 2022, cuando ese grupo desconoció a Víctor Manuel Velázquez Rangel como presidente. Asimismo tomó por la fuerza las instalaciones de la cementera en Tula de Allende, hecho que dejó ocho personas muertas.
Desde entonces, la planta permaneció inactiva tras la suspensión del suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y nuevos enfrentamientos, incluido uno en septiembre de 2024 que dejó 120 personas detenidas.
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