Durante la conferencia de prensa de este viernes 18 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre el caso del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, quien recientemente fue absuelto de las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
No se puede sobreseer un caso si tiene sustento”.
Cuestionaron a Claudia Sheinbaum sobre posibles actos de corrupción en el Poder Judicial de la Federación y, en particular, sobre la resolución que benefició al exrector de la UAEH. Sosa Castelán había sido acusado de desviar 58 millones 245 mil 948 pesos, pero recientemente absuelto de los cargos.
La presidenta enfatizando que no se pueden cerrar procesos judiciales sin argumentos válidos. Además, señaló que con las leyes secundarias de la reciente reforma al Poder Judicial se implementarán nuevas medidas. Incluyendo aquellas relacionadas con asuntos mercantiles o pagos de impuestos, que podrían tener implicaciones en casos como el de Sosa Castelán.
Declaran inocente a Gerardo Sosa Castelán por el delito de lavado de dinero
Absolvieron a Gerardo Sosa Castelán de los cargos en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, por presuntamente desviar 58 millones de pesos.
Tras más de cuatro años de juicio, el pasado 26 de septiembre, el juez de control adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no eran suficientes para continuar con el proceso.
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La FGR acusaba al exrector de la UAEH de un desvío de más de 58 millones de pesos. Presuntamente, lo cometió a través de un esquema de lavado de dinero con tres empresas dentro de la máxima casa de estudios hidalguense.
Las investigaciones indicaron que la empresa “Contabilidad del Siglo XXI Pachuca” no contaba con empleados y operaba únicamente para transferir recursos monetarios ilícitos.
A su vez, las pruebas contra dicha empresa vinculaban a Gerardo Sosa como uno de los implicados con la organización y el lavado de dinero que ocurría en ella.
Sin embargo, el juez Gregorio Salazar consideró que no existían pruebas suficientes sobre dichas acusaciones para mantener el proceso.
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