La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en el manejo de 18 millones de pesos por parte del Gobierno de Hidalgo y tres instituciones educativas durante 2023. Sin embargo, posteriormente, el Ejecutivo Estatal comprobó los recursos observados.
El pasado 30 de octubre, la ASF acudió a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Ahí realizó la segunda entrega de los informes individuales de la Cuenta Pública 2023 de los gobiernos estatales.
La Auditoría revisó el manejo de 13 mil 789 millones de pesos enviados por la Federación a Hidalgo. En ese presupuesto, se incluyen fondos clave como el FORTAMUN, FAISM, FAM, FASP, FAFEF, FAISE y FOFISP.
En este sentido, la ASF realizó 15 auditorías al Gobierno de Hidalgo, de las cuales, 12 estuvieron enfocadas al manejo de recursos etiquetados para varias dependencias.
Los montos pendientes por aclarar
De los 18 millones observados, destaca un monto de 13 millones de pesos provenientes de recursos federales cuyo uso no aclaró la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim)
Este recurso pertenece al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
En el ámbito de la educación media superior, la ASEH auditó cuatro fondos donde, en conjunto, tres instituciones educativas no aclararon el uso de 5 millones de pesos. El recurso destinado por dicho fondo era de mil 72 millones de pesos.
Las instituciones educativas que tuvieron estas anomalías en el manejo de recursos son el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh). También el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh). Asimismo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi).
De igual manera, la ASEH ejecutó tres auditorías colmena a los ayuntamientos de Huejutla, Pachuca y Tulancingo. Tras dicha revisión, no hubo montos pendientes por reintegrar al gobierno federal.
Todos los entes públicos observados tienen un lapso de 30 días hábiles para aclarar las observaciones y evitar responsabilidades administrativas o penales.
En un comunicado, la Contraloría del Gobierno de Hidalgo indicó que fungió como enlace en la ejecución con la ASF en 11 de las auditorías por el uso de recursos federales en seis dependencias, 71 organismos descentralizados, 84 municipios, ocho organismos autónomos, así como en los Poderes Legislativo y Judicial.
En cambio, aseguró que no tienen montos pendientes por solventar sobre la auditoría hecha por la Secretaría de la Función Pública sobre el manejo de 25 millones de pesos.
Asimismo, el Ejecutivo hidalguense indicó que ya aclararon el uso de los 13 millones de pesos correspondientes a sus observaciones. Por ello, destacó que no queda ningún monto pendiente por aclarar de dicho ejercicio fiscal.
Contraloría de Hidalgo presenta 42 denuncias por Estafa Siniestra
La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo presentó un total de 42 denuncias durante el último año de gobierno contra exfuncionarios y empresas involucradas en la Estafa Siniestra. Este es un esquema de desvío de recursos que superó los mil millones de pesos bajo la administración de Omar Fayad Meneses.
El 21 de octubre, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, destacó que 15 de las denuncias fueron contra empresas proveedoras vinculadas al desvío de fondos.
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Además, confirmó la recuperación de 207 millones de pesos, un dato previamente compartido por la Secretaría de Hacienda Estatal, María Esther Ramírez Vargas. Álvaro Bardales aclaró que esta cantidad proviene de los desvíos realizados por funcionarios estatales y presidentes municipales. Asimismo, aclaró que no incluye el monto desviado por las empresas implicadas.
Dijo que el proceso de investigación contra dichas empresas es extenso y podría tomar varios años. Aclaró que la prioridad es investigar a exfuncionarios estatales, antes de proceder contra las firmas.
En su comparecencia, también reveló que, en el último año, interpusieron 29 denuncias adicionales por peculado y por el doble pago de nómina a funcionarios.
Aseguró que iniciaron procedimientos contra cuatro funcionarios actuales por dicha acción, pero no reveló nombres.
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