Durante el último año de gobierno, la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo presentó un total de 42 denuncias contra exfuncionarios y empresas involucradas en la Estafa Siniestra, el esquema de desvío de recursos que superó los mil millones de pesos durante el gobierno de Omar Fayad Meneses.
La mañana de este 21 de octubre, el titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, rindió su comparecencia ante el Congreso del Estado, donde destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno de Hidalgo.
En una rueda de prensa tras su comparecencia, el funcionario dijo que presentaron 42 denuncias relacionadas con la Estafa Siniestra durante el último año. De ellas, 15 son contra empresas proveedoras.
Asimismo, reiteró que lograron recuperar 207 millones de pesos en recursos. Este dato ya lo había difundido la secretaria de Hacienda estatal, María Esther Ramírez Vargas, durante su comparecencia.
Sin embargo, Álvaro Bardales dijo que este monto solo proviene de los desvíos de funcionarios estatales y presidentes municipales, mas no de las empresas involucradas. Afirmó que el proceso de investigación y sanción contra las compañías es largo, pues puede tardar varios años
Por ello, resaltó que es importante investigar a los funcionarios antes de proceder contra las empresas.
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Contraloría presenta otras denuncias por peculado e irregularidades en obra pública
Durante la comparecencia, el titular de la Contraloría también reveló que presentaron otras 29 denuncias por casos de peculado y contra funcionarios que recibían doble pago de nómina. También habló sobre cuatro funcionarios de la actual administración contra quienes iniciaron procedimientos de responsabilidad. Sin embargo, no dio nombres específicos.
Asimismo, reveló que en septiembre y lo que va de octubre de este año interpusieron 16 denuncias por la mala ejecución de obras públicas en diez municipios de la entidad.
Estas denuncias se enfocaron en irregularidades en la construcción de carreteras e infraestructura hídrica, cuyo monto de afectación asciende a 118 millones de pesos.
Mencionó que la Contraloría emitió 152 sanciones por estas anomalías, toda vez que investigan responsabilidades administrativas graves de servidores públicos y particulares, vinculados con hechos de corrupción.
Dijo que, actualmente, hay 29 procedimientos administrativos en marcha para sancionar a las constructoras responsables de las anomalías.
El contralor resaltó que, en el último año de gobierno, crearon el laboratorio de control de calidad. Este espacio permite la supervisión de miles de obras públicas con tecnología avanzada para garantizar que los proyectos cumplan con los estándares adecuados.
Además, implementaron medidas contra la corrupción, como la instalación de módulos de denuncia y el control de empresas constructoras. Dijo que esto permitió que emitieran sanciones contra más de 400 proveedores.
La Contraloría, a través de comités ciudadanos, supervisó el uso de los recursos públicos. Participaron más de 11 mil 600 pobladores, quienes revisaron los gastos.
Informó que también implementaron programas educativos para fomentar la cultura de legalidad desde la niñez.
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