Un Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Hidalgo condenó a 172 años de prisión a Marco Antonio “N”, expolicía municipal de Mineral de la Reforma, por el feminicidio de su expareja Rosaura Ocampo, el homicidio de la madre y del hermano de la víctima, así como por el delito de homicidio doloso calificado en grado de tentativa contra otros dos integrantes de la familia.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) solicitó la pena máxima contra el responsable. Asimismo, el tribunal consideró acreditadas las agravantes derivadas del ataque perpetrado el 5 de febrero de 2025.
Además de la sentencia, los magistrados ordenaron el pago de un millón 747 mil pesos como reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Trata de Personas señaló que la resolución representa un avance en el acceso a la justicia para las víctimas de violencia feminicida. Con esta sentencia, Marco Antonio “N” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
El ataque ocurrió dentro del domicilio de Rosaura
El ataque ocurrió el 5 de febrero de 2025. Marco Antonio “N” ingresó a la vivienda de Rosaura Ocampo, ubicada en la comunidad de Azoyatla, en Mineral de la Reforma. Durante una agresión con arma punzocortante atacó a cinco integrantes de la familia.
Como consecuencia del ataque murieron Rosaura, su madre Rosa “N” y su hermano Ramiro “N”. El padre de la joven y otro de sus hermanos resultaron lesionados y sobrevivieron.
Tras cometer los homicidios, el agresor huyó a bordo de una camioneta. Horas después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo localizaron el vehículo cuando circulaba con dirección a Tulancingo y lograron detener al responsable.
Tres días después, el Poder Judicial lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los tres asesinatos.
El caso exhibió presuntas omisiones institucionales
El feminicidio de Rosaura Ocampo provocó una amplia movilización de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en Hidalgo. Estas denunciaron presuntas omisiones de distintas autoridades para proteger a la víctima.
Colectivos como Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) recordaron que Rosaura había denunciado previamente amenazas, violencia familiar y actos de intimidación por parte de su expareja, además de expresar su temor por su integridad física.
El caso también evidenció que Marco Antonio “N” enfrentaba procesos penales por presuntos delitos de violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de Rosaura.
Durante 2024, una jueza suspendió uno de esos procesos penales, decisión que permitió la liberación del ahora sentenciado. Esto pese a que la víctima manifestó su oposición y advirtió que continuaba siendo amenazada.
Tras el feminicidio, el encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, informó que el Ministerio Público había solicitado mantener al imputado en prisión. Asimismo,inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de servidores públicos en la atención del caso.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, ordenó revisar la actuación de la jueza que suspendió el proceso penal. Esto luego de la controversia generada por esa resolución.
A estas investigaciones se sumaron los cuestionamientos sobre las medidas de protección otorgadas a Rosaura. Y es que, de acuerdo con organizaciones civiles, el agresor acudió en varias ocasiones al domicilio de la víctima portando un uniforme de la Policía Municipal, aun cuando ya no formaba parte de esa corporación.
En contraste, el gobernador Julio Menchaca Salazar sostuvo en su momento que el Estado no incurrió en omisiones en la implementación de las medidas de protección para la víctima.
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