La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, violó la Constitución. La mandataria estatal decidió pactar con la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) para realizar operativos contra el crimen organizado, lo que el gobierno federal intentó aprovechar para desviar la atención pública.
Sin embargo, el escándalo que involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con presuntos vínculos con el crimen organizado causó que las acusaciones contra Campos quedaran en segundo plano, pues la opinión pública se volcó sobre el tema del mandatario estatal sinaloense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos arruinó la narrativa que pretendía instalar la autollamada “cuarta transformación” para centrar los señalamientos sobre violaciones a la Constitución a la gobernadora de Chihuahua. Ya que el mandatario de Sinaloa se convirtió en el primer servidor público de alto nivel acusado de nexos con el crimen organizado.
Las acusaciones del gobierno estadounidense no son menores. Las imputaciones contra Rocha se relacionan con sus vínculos directos con el Cártel de Sinaloa (CDS). El cual financió su campaña electoral para la gubernatura en 2021 y amenazó a sus adversarios políticos para obtener la victoria electoral.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, intentó fallidamente centrar la atención pública en Maru Campos, pero el “timing” no fue el adecuado, dado que la discusión se centró en uno de los integrantes del movimiento de la “4T”.
También la nueva dirigente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, trató de concentrar el tema público en la gobernadora emanada del Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, sus esfuerzos fueron en vano, al tratarse de hechos que tensionan más las relaciones entre México y Estados Unidos.
La narrativa oficial instalada en las conferencias de prensa mañaneras no alcanzó a posicionarse en la discusión pública. Las acusaciones a Rocha han arrinconado a la 4T a un problema que puede causar una debacle significativa en la credibilidad de un movimiento que se consideraba diferente al resto de la partidocracia.
La política del rechazo
La presidenta ha insistido que las acusaciones de Estados Unidos en contra de Rocha carecen de sustento. La mandataria federal ha referido que no han presentado pruebas en contra del gobernador morenista y, por ende, la Fiscalía General de la República (FGR) no puede actuar en su contra.
La inepta fiscalía federal que no pudo investigar al líder de la secta La Luz del Mundo”, Naason Joaquín García, quien incluso ya fue sentenciado en Estados Unidos, informó que no existieron elementos en contra de Rocha, pese a que reconoció que tenían que negociar con los cárteles en su campaña electoral.
La mandataria federal ha alegado que requiere forzosamente de pruebas para integrar una serie de mecanismos centrales en contra del gobernador. Esto evidencia una política de protección de los actores que forman parte del movimiento.
La defensa de Rocha no se debe a la cercanía política con Sheinbaum. La intención de garantizar la supervivencia de la 4T, pues el encarcelamiento del gobernador con licencia de Sinaloa podría socavar cualquier tipo de credibilidad del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.
Aunque en el caso de Maru Campos no presentó pruebas sobre el tema, al tratarse de una representante de la oposición, para el caso de Rocha—con quien existen evidencias claras—ha tratado de rechazar que exista algún proceso de protección hacia su mandato.
El modelo que ha dejado de ser efectivo
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la conferencia de prensa mañanera servía como un modelo de desvío de la atención pública. En la cual se establecían los principales temas de la agenda pública que los medios de comunicación retomaban.
La discusión pública se enfocaba en los temas relacionados con las declaraciones de López Obrador sobre algún tema en particular. Esta estrategia fue efectiva, ya que el tabasqueño mantuvo elevados niveles de popularidad en el sexenio.
El carisma y su amplio manejo discursivo facilitaron instalar narrativas en el espacio público, principalmente en medio de los señalamientos de los adversarios, a quienes constantemente defenestró y atacó.
Aunque se deterioró paulatinamente, propio de cualquier ejercicio de gobierno, López Obrador mantuvo elevados niveles de popularidad que lo posicionaron como responsable y líder moral de un movimiento ambicioso que trató de emular a los grandes periodos de la historia.
No obstante, con la administración de Sheinbaum, si bien este modelo se replicó, no ha sido con el mismo éxito. A diferencia de su antecesor, la mandataria se observa incómoda y obligada a tener que continuar con la herencia de López Obrador con las conferencias.
La presidenta no logra incidir de manera permanente en la discusión pública. Por lo cual los temas constantemente se incrementan con un control de daños de manera deficitaria que evidencia la incapacidad del equipo de comunicación de la presidenta.
Los asesores de comunicación de Sheinbaum no la ayudan de forma efectiva. Esto refleja una falta de coordinación dentro de las áreas internas del gobierno federal. Y por ello la presidenta ha tenido que responder de forma limitada e improvisada sobre los temas de la agenda pública.
Esto ha causado que las crisis mediáticas sean cada vez más extensas. La presidenta no tiene un buen equipo de asesores. Y aunque las mañaneras están repletas de aplaudidores, la opinión pública en general genera una presión constante hacia la labor de la mandataria.
Una pésima respuesta institucional
Ante las exigencias del gobierno de Estados Unidos para entregar resultados sobre los diez políticos mexicanos implicados con el crimen organizado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas. Pero esto como consecuencia de la petición efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La acción de las autoridades federales fue no sólo tardía, sino también insuficiente. El gobierno mexicano decidió bloquear las cuentas de los políticos más de una semana después de las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En ese lapso, los políticos mexicanos pudieron haber retirado el dinero para realizar operaciones en efectivo. Y con ello tratar de evitar una afectación significativa a su capacidad financiera.
La detención de dos de los principales excolaboradores de Rocha refleja que existe una seria presión de Estados Unidos hacia México para que entregue al “pez gordo”, el mandatario estatal que vivió durante unos días en Palacio de Gobierno de Sinaloa, custodiado por la Guardia Nacional.
Aunque Sheinbaum reitere que no existe protección hacia los actores políticos emanados de su movimiento, las acciones muestran que existe una significativa defensa que deteriora aún más las relaciones bilaterales con Estados Unidos, en medio de las renegociaciones del T-MEC.
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