La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones al Gobierno de Hidalgo por más de 721 millones de pesos correspondientes a la Cuenta Pública 2024, recursos que deberán ser aclarados y comprobados en los plazos establecidos por el órgano fiscalizador.
De acuerdo con el informe, la dependencia solicitó al estado justificar el destino de 721 millones 883 mil 140 pesos provenientes de Participaciones Federales a Entidades Federativas.
Las observaciones de la ASF al Gobierno de Hidalgo son de carácter administrativo y, hasta el momento, no constituyen un daño patrimonial firme.
Entre los principales señalamientos destaca que la Secretaría de Hacienda realizó pagos por 372.4 millones de pesos a 11 mil 661 trabajadores bajo el concepto “Otras Percepciones sin Licencia Médica y Otros”, rubro que deberá aclararse ante la autoridad federal.
Asimismo, la ASF pidió la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante posibles inconsistencias en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Lo anterior relacionado con percepciones que habrían incrementado el ingreso gravable sin el ajuste correspondiente.
De igual manera, los Servicios de Salud de Hidalgo deberán justificar 68.3 millones de pesos por estímulos y bonos otorgados a más de 6 mil trabajadores. Además de pagos que presuntamente superaron los tabuladores autorizados.
El órgano fiscalizador también observó 83.8 millones de pesos en el Poder Judicial por pagos clasificados en el rubro “Otros”. También por 18.6 millones de pesos en el Congreso local por percepciones adicionales y compensaciones.
Gobierno de Hidalgo asegura que solventará observaciones
La Contraloría estatal, encabezada por Álvaro Bardales, informó que dará seguimiento puntual y documentará los procesos señalados por la ASF.
El Ejecutivo estatal recordó que cuenta con un plazo de 90 días para solventar las observaciones mediante la entrega de información adicional y documentación comprobatoria.
Respecto a otros señalamientos, como la contratación de obra pública vinculada a una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un legislador, el gobierno indicó que la observación se centra en ampliar la información sobre el proceso de adjudicación. La Contraloría revisará el procedimiento para descartar cualquier irregularidad.
En cuanto a seguros catastróficos para el campo, esquemas de estímulos fiscales en nómina e indemnizaciones en el ámbito universitario, la administración estatal aseguró que cuenta con la documentación que respalda la legalidad de los pagos.
Finalmente, el gobierno reiteró que no existe, hasta ahora, una determinación de daño patrimonial ni procedimientos judiciales en curso.
Subrayó que las observaciones forman parte del proceso ordinario de fiscalización que deberá resolverse dentro de los plazos establecidos por la ASF.
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