Al alcalde de Uruapan, del estado de Michoacán, Carlos Manzo, lo asesinaron el sábado pasado. El edil que se confrontó con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) denunció en reiteradas ocasiones las condiciones de violencia que se viven en la región y por ello exigió el apoyo del gobierno federal para evitarse convertirse en una víctima mortal más del crimen organizado.
Sus llamados fueron ignorados. El munícipe que arribó a la presidencia municipal de Uruapan en septiembre del año pasado anunció que no negociaría con los cárteles de las drogas. Con lo cual afirmó que al no estar involucrado en hechos de traición con los grupos criminales, su vida no corría riesgo.
Ante la prensa, Manzo se posicionó como el presidente municipal de Michoacán más visible en la escena nacional. En las entrevistas ante los periodistas, Manzo dijo que no se podía pactar con los grupos criminales, pues esto sólo los empodera y siembra el caos y la violencia en el estado. Por lo cual no estaba dispuesto a continuar con la fallida política de seguridad pregonada por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El sábado pasado, en el encendido de velas como parte de la celebración del Día de Muertos, acompañado de decenas de familias, el munícipe se tomaba fotografías con las personas, cuando un sujeto armado lo interceptó y le disparó en varias ocasiones. Y aunque trató de escapar, uno de los escoltas del presidente municipal lo asesinó.
El crimen ha conmocionado al país. Un alcalde que fue concebido públicamente como un hombre valiente y honesto que decidió no ceder ante los cárteles de las drogas fue ejecutado por la incomodidad que generó a los grupos delictivos en la región. Dado que Uruapan es una de las zonas de mayor producción de aguacate en el estado y centro de desarrollo de metanfetaminas.
El ”del sombrero”, como era conocido Manzo, fue ultimado por la impunidad que reina en México. Los cárteles gobiernan diferentes regiones del país y aquellos que denuncien estas situaciones serán silenciados permanentemente, como se ha evidenciado en los últimos días.
Los reclamos de los que ya no están
El pasado 20 de octubre asesinaron a Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, quien había levantado la voz en varias ocasiones por las amenazas de los grupos criminales que operan en la región. Y que pese a contar con seguridad personal, el crimen organizado lo ejecutó.
El líder de los limoneros había señalado que temía por su vida, pero decidía denunciar las extorsiones de los grupos criminales que cobran “derecho de piso” a los productores citricultores. Y que incluso se habían puesto de acuerdo los grupos criminales para organizarse en las extorsiones contra los agricultores.
Su muerte causó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, asistiera a Apatzingán para conocer la situación y anunciar el reforzamiento de la seguridad en la región. Sin embargo, el sábado por la madrugada asesinaron a Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, líder de los grupos de autodefensas que mataron hace dos años.
Por la noche, el crimen organizado también asesinó al edil de Uruapan. En los tres casos se trataron de personas que reclamaron la inacción del gobierno para atender la violencia e inseguridad que viven en el estado desde hace años y que incomodaron a los cárteles.
Michoacán, laboratorio de la fallida militarización
El 11 de diciembre de 2006 el entonces presidente de México, Felipe Calderón, anunció el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en Michoacán. El estado que pretendía que gobernara su hermana, Luisa María Calderón, se convirtió en el centro de las operaciones militares que caracterizó a la administración del panista.
Michoacán es un territorio estratégico para el tráfico de drogas. Desde la década de los ochenta lo utilizaron como una vía de conexión entre los cárteles colombianos hacia Estados Unidos. Pero con la muerte de Pablo Escobar, la zona la disputó el Cártel de Sinaloa que estableció redes de poder.
En esa región nació “El Cártel de los Valencia” y posteriormente conocido como “El Cártel del Milenio”, que trabajaba bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa. Pero con el interés del Cártel del Golfo de extenderse por el pacífico y disputarle esa región a su principal adversario. Por ese motivo envió a “Los Zetas”, brazo armado y ejecutor del mismo, que se caracterizó por su extrema violencia.
Los Zetas se aliaron con “La Empresa”, una cédula criminal que se desprendió del Cártel del Milenio hasta que lo repelieron del estado en 2001. Debido a que los Zetas comenzaron a agredir a la población y a funcionarios locales, en 2006 surgió La Familia Michoacana.
Esta última organización contó con el apoyo del Cártel de Sinaloa para combatir a los Zetas. Este enfrentamiento ocurrió en medio del inicio de la militarización del gobierno mexicano para contener la violencia en la zona. Esto después de la aparición de cinco cabezas en septiembre de 2006 en un table dance en Uruapan. Esto como parte de la “guerra santa” que emprendió este grupo criminal.
El 15 de septiembre de 2008, durante los festejos del grito de Independencia en Morelia, se arrojaron dos granadas que provocaron la muerte de ocho personas. Y el gobierno mexicano acusó que el atentado lo organizó La Familia Michoacana para expulsar a Los Zetas. Esta situación provocó el crecimiento de esta organización criminal en la entidad y la expulsión de los norteños.
El 26 de mayo de 2009, el gobierno de Calderón impulsó el llamado “Michoacanazo”. En el cual detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez por presuntos nexos con el crimen organizado. Pero después de varios meses, liberaron a la mayoría de los aprehendidos por falta de pruebas. Aunque debilitó políticamente al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, acusado de colaborar con la Familia Michoacana.
En 2011, La Familia Michoacana se escindió en “Los Caballeros Templarios” que se extendieron por el estado y casi extinguieron al grupo criminal. Durante 2013 comenzaron a surgir los primeros grupos de autodefensas para protegerse de esta organización criminal que había radicalizado la violencia.
En 2014, en medio de la disputa entre organizaciones criminales, el exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, renunció a su cargo al atribuir problemas de salud. No obstante, se evidenciaron sus nexos con Los Caballeros Templarios.
El fracaso de la militarización y de los abrazos
Ante la crisis de gobernabilidad en el estado, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió a Alfredo Castillo Cervantes, para desarmar a los grupos de autodefensas, al acusarlos de ser subsidiados por otros cárteles rivales.
La intervención de Castillo no resolvió el problema. De los remanentes de los Caballeros Templarios se creó “La Nueva Familia Michoacana”. La cual comenzó a confrontarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ante el debilitamiento del Cártel de Sinaloa intentó controlar la entidad.
Así, la DEA ha identificado en la actualidad a cuatro grandes organizaciones criminales que operan en Michoacán, como son el CJNG, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, los cuales se empoderaron durante el sexenio pasado con la política “abrazos no balazos”.
En el gobierno de López Obrador optó por no enfrentar a los grupos criminales, lo que derivó en su crecimiento en la entidad. Claudia Sheinbaum ha buscado un cambio en la estrategia de seguridad. Y pese a evidenciar cambios con relación a su antecesor, hasta el momento no ha habido una mejora real. Y los recientes hechos en Michoacán lo muestran.
Apéndice: La violencia ocurrida el fin de semana exhibe las falencias de una política de seguridad que ha provocado que los cárteles se enfrenten entre sí, generando un país azotado por las fosas clandestinas y las mayores barbaries cometidas por la humanidad.
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