La llamada “Cuarta Transformación” niega que en México ocurran “desapariciones forzadas”, pero el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oliver de Frouville, dijo que dicho delito está más cerca de ser una norma que una excepción en el país.
Tras ese pronunciamiento, el grupo legislativo de Morena se alebrestó. Acusó injerencia del organismo internacional por afirmar que dicho delito ocurre en México.
Los defensores de la “4T” alegaron que el Estado ya no desaparece a opositores como sucedía en el viejo régimen del PRI. Sin embargo, ahora la desaparición forzada la cometen las fuerzas locales.
Si antes el PRI utilizaba al Ejército y a las fuerzas paramilitares para detener y desaparecer a los opositores al régimen, ahora no son los elementos federales, sino las policías municipales, quienes actúan al servicio del crimen organizado para aprehender y “desaparecer” a personas de forma sistemática.
Los morenistas se ofendieron por las declaraciones del representante de la ONU sobre la desaparición forzada. Decidieron solicitar, a través del Senado, la destitución del funcionario internacional. La vergonzosa actuación de los legisladores federales evidenció el nulo conocimiento que tienen sobre las instancias internacionales. Ese cargo esta respaldado por los Estados socios de la organización internacional y no depende de ningún país.
Los legisladores morenistas acusaron que se trata de una campaña golpista que pretende atacar a un gobierno legítimo que está respaldado por más de 35 millones de personas. Pero las desapariciones las cometen los policías municipales que trabajan para los cárteles y los casos Ayotzinapa y Teuchitlán lo confirman.
El escándalo del campo de entrenamiento-exterminio que funcionó durante años en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, evidenció cómo las policías municipales actuaron para defender los intereses del crimen organizado. Los colectivos de madres buscadoras han denunciado que los uniformados están en la nómina de los cárteles.
Un país que no condena su presente
El caso Teuchitlán no es el único. Hace casi 11 años, la policía municipal de Iguala, Guerrero, también actuó bajo las órdenes del crimen organizado para detener y desaparecer a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero en la actualidad aún es desconocido.
Cuando la ONU se refiere a la desaparición forzada no se dirige únicamente a las instituciones del gobierno federal. Es más bien a todo el aparato administrativo y ejecutivo estatal, en el que están las policías municipales que sirven para satisfacer los intereses de los grupos criminales.
Los policías municipales son los más precarizados. No es una razón, pero es una causal del por qué son los primeros en ser cooptados por los grupos criminales. La ausencia de armas y equipo táctico los vulnera más y se convierten en blancos sencillos para pertenecer a la nómina del crimen organizado. Negarse implica su muerte y la de sus familiares.
Ante este contexto tan complejo y complicado, el Estado mexicano no puede ser omiso a estas problemáticas que ocurren en diferentes regiones del país. Las desapariciones quizás ya no son ejecutadas por el Ejército, sino por las fuerzas locales que trabajan para detener a los adversarios de los cárteles que controlan abiertamente diversas regiones del territorio nacional.
Así, la 4T parece que sólo condena aquellos abusos a derechos humanos cometidos en el pasado por el régimen del PRI —del cual se desprendió la llamada guerra sucia en la década de los setenta—. Sin embargo, en la actualidad siguen desapareciendo miles de personas que aparecen en fosas clandestinas.
¿Cuántas personas nos faltan?
El fenómeno de desapariciones forzadas no es reciente. Desde la guerra sucia ha sido una constante, pero sus números se suelen esconder o modificar. Las miles de personas que han desaparecido desde entonces han formado parte de una cifra negra que el Estado no quiere o no puede aclarar.
Los colectivos de búsqueda han señalado que hay más de 500 mil personas desaparecidas. El gobierno federal dice otra cosa. La postura de la 4T es similar a las del PRI y PAN. Es decir, minimizar los hechos y afirmar que apenas rebasan la barrera de 125 mil seres humanos que siguen sin volver a sus hogares.
Con todo, cualquiera que sea la cifra real, es una tragedia por sí sola. Existe un subregistro del número real de personas desaparecidas. Por un lado, están quienes fueron reportadas como desaparecidas, pero posteriormente aparecieron y los familiares no confirmaron su aparición. Y por el otro están quienes desaparecieron —migrantes— por el crimen organizado, quienes no quedaron en el registro.
Así, esta problemática es cada vez más compleja de aclarar tanto para familiares de las víctimas, como para la sociedad en general. El Estado mexicano, nuevamente, es el principal responsable de no atender y resolver este problema que se visibiliza en diferentes regiones del país.
Los esfuerzos de los colectivos de madres buscadoras parecen aislados. Históricamente, las autoridades federales no solo las ignoran, sino que, en algunos contextos, las amenazaron y estigmatizaron al criminalizar a las personas desaparecidas, sin que existan pruebas concluyentes al respecto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido de forma muy similar a sus antecesores. Niega que el Estado mexicano incurra en estas prácticas, pero no dice nada sobre la participación de las policías municipales, que, en algunos casos, con el crimen organizado, perciben ingresos significativamente mayores a los que obtienen como servidores públicos.
Incluso los policías municipales en diferentes regiones se encargan de recoger los cuerpos de las personas asesinadas para desaparecerlos.
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Apéndice: Otro vergonzoso papel de las instituciones públicas es el que tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Decidió condenar las protestas de los colectivos de madres buscadoras que reclaman las ausencias del gobierno federal para atender esta problemática, minimizada con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La ombdusperson, Rosario Piedra Ibarra, tiene que recordar que, por el momento, no es militante de Morena y que debe estar del lado de las víctimas
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