La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo confirmó que no instalará la casilla 1587 para la elección del Poder Judicial de la Federación en la comunidad de Mecatlán, del municipio de Yahualica. Esto debido a la resistencia de las y los habitantes a actividades políticas por el conflicto que mantienen para obtener recurso y celebrar una fiesta patronal.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Local, la vocal de organización, Claudia Santos Ordóñez, explicó que la comunidad manifestó su negativa. Por ello, la Junta Local optó por respetar la decisión, evitando confrontaciones.
Aunque no existió una amenaza directa, el organismo determinó cancelar la instalación de la casilla para garantizar la seguridad de funcionarios de casilla y votantes. El paquete electoral, previamente entregado a los ciudadanos designados como funcionarios de casilla, fue recuperado por las autoridades electorales.
La población de Mecatlán rechazó la instalación de la casilla para elección del Poder Judicial como una forma de rechazo contra las autoridades de Yahualica, por la negativa a destinar más de cuatro millones de pesos para la fiesta comunitaria del Corpus Christi.
Esta tensión, generada contra la edil Francisca Lara Velázquez, provocó un ambiente adverso para el desarrollo del proceso electoral.
Por ello, el INE informó que no enfrentará a ninguna comunidad para imponer la colocación de casillas. Mecatlán forma parte del distrito electoral federal 02, con cabecera en Ixmiquilpan. La cancelación de la casilla 1587 dejará sin voto a más de dos mil ciudadanos de esa comunidad de Yahualica para la elección del Poder Judicial.
Además, la Junta Local reubicó otra casilla en la cabecera municipal de Yahualica. La casilla 1585 originalmente estaría en el auditorio municipal, pero la presencia de manifestantes de Mecatlán provocó su traslado al preescolar Yejyetzi, en el barrio Tlamaya.
En total, el INE confirmó que operarán dos mil 160 casillas en todo el estado de Hidalgo para la elección del Poder Judicial de la Federación.
El conflicto con los pobladores de Mecatlán
Las y los habitantes de Mecatlán impidieron la instalación de la casilla para las elecciones del Poder Judicial debido al conflicto que mantienen con autoridades locales, a quienes exigen millonarios recursos para realizar su fiesta patronal. Suman tres ocasiones en que retienen a la alcaldesa Francisca Lara.
Durante el martes 27 de mayo, los pobladores obligaron a la presidenta municipal a caminar por la comunidad antes de encerrarla en la galera municipal. Posteriormente, tomaron simbólicamente el ayuntamiento y lo clausuraron con pintas.
Los manifestantes exigían cuatro millones de pesos para su festividad, donde pretendían contratar agrupaciones como El Komander y Los Dos Carnales, vinculadas al narcocorrido.
A pesar de las presiones, Lara Velázquez se negó a liberar el dinero y afirmó que “los recursos públicos no se negocian bajo amenazas”. La comunidad mantuvo ocupadas las oficinas de la presidencia en espera de una respuesta favorable.
Este problema tiene antecedentes. En 2024, la presidenta accedió a financiar festejos en otras comunidades. Sin embargo, en noviembre, se negó a entregar un millón de pesos a Mecatlán, razón por la que las y los pobladores la retuvieron tres días.
En abril de 2025 ocurrió una segunda retención, cuando exigieron 6.8 millones de pesos, cantidad que después bajaron a 4.4 millones. El municipio ofreció 1.3 millones, pero la gente rechazó dicho monto. Como respuesta, dañaron la carretera Atlapexco-Calnali y la bloquearon.
Gobierno de Hidalgo recrimina uso de recursos públicos para fiestas patronales
Por ello, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, pidió a dicha población priorizar servicios públicos sobre las fiestas. Rechazó el uso de dinero público para eventos efímeros y aseguró que el conflicto ya superó el ámbito religioso.
Además, confirmó que el gobierno abrió carpetas de investigación y ofreció protección a la alcaldesa.
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El conflicto expone la tensión entre los usos y costumbres y la legalidad vigente. La Ley de Disciplina Financiera prohíbe este tipo de gastos, pero las y los pobladores insisten en mantener sus tradiciones.
En días previos, también encarcelaron a un profesor del Colegio de Bachilleres por oponerse al uso de recursos públicos para la fiesta.
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