El Congreso de Hidalgo analiza una reforma para incrementar las sanciones por extorsión telefónica, informó la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, Mónica Leanett Reyes Martínez.
La legisladora del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh) explicó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad de comerciantes y otros sectores vulnerables que con frecuencia son blanco de este tipo de delitos.
Señaló que el objetivo es inhibir estas conductas mediante castigos más severos. Asimismo, garantizar una respuesta más efectiva contra quienes utilizan las llamadas telefónicas para intimidar, amenazar o exigir dinero a sus víctimas.
La diputada reconoció que los casos de extorsión telefónica han disminuido en Hidalgo. Sin embargo, advirtió que el problema persiste y continúa afectando a distintos sectores de la población.
Asimismo, atribuyó parte de esta reducción a las acciones implementadas en los centros penitenciarios para bloquear señales de telefonía celular. Explicó que muchas de estas llamadas delictivas se originaban desde el interior de los penales.
La legisladora indicó que la propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes incurran en estas prácticas. Esto al considerar que generan afectaciones patrimoniales y vulneran la tranquilidad de las personas, especialmente de comerciantes y propietarios de negocios.
También subrayó la necesidad de fortalecer las estrategias para combatir delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía. Dijo que los responsables suelen utilizar amenazas y afirmaciones falsas sobre presuntos vínculos con grupos delictivos para intimidar a sus víctimas.
Empresarios respaldan aumento de penas
Por separado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Hidalgo, Luis Fernando Garrido Ramírez, respaldó la propuesta de endurecer las penas contra quienes cometen este tipo de delitos.
El dirigente empresarial también llamó a fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y las corporaciones municipales.
Garrido Ramírez señaló que la inseguridad continúa siendo uno de los factores que desincentivan la inversión, especialmente entre micro y pequeños empresarios que buscan desarrollar o ampliar sus negocios en la entidad.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico