El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma para establecer la definición y regulación del “uso de la fuerza pública” por parte de las autoridades de seguridad.
En la sesión del 31 de marzo, el integrante de la Primera Comisión Permanente de Seguridad, Ciudadanía y Justicia, Marco Antonio Mendoza, leyó el dictamen.
Explicó que los integrantes de dicha comisión vieron factibilidad en añadir un nuevo capítulo a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo.
De esta forma, el dictamen integraría el título décimo sexto “Del uso de la fuerza”, comprendido por dos artículos.
El artículo 203 explica que el uso de la fuerza pública es cuando un elemento de las corporaciones de Hidalgo inhibe por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente a una persona.
Esto bajo los procedimientos que establecen las normas jurídicas aplicables con la finalidad de salvaguardar libertades, el patrimonio y la integridad de las personas. También busca contribuir en la generación, preservación y restablecimiento del orden público, la seguridad y la paz social.
Por su parte, el artículo 204 indica que el uso de la fuerza pública, sus principios aplicables, la capacitación y el adiestramiento que requiere su correcta utilización están condicionados a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Cabe destacar que el dictamen también modifica el artículo 48 en su fracción VI bis para mencionar los protocolos para la atención de crisis psicológicas. Así como los intentos de suicidio y otras situaciones que pongan en riesgo la vida necesitan una intervención inmediata.
Igualmente, debe privilegiarse la preservación de la vida, el uso proporcional de la fuerza pública y la coordinación con las instituciones de salud, protección civil y servicios de emergencia.
Las y los diputados del Congreso aprobaron el dictamen del uso de la fuerza pública por unanimidad con 22 a favor, por lo que entrará en vigor tras que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
¿Qué apartados no llegaron al dictamen final?
El priista Marco Mendoza presentó la propuesta el 18 de junio de 2025 y tenía características que no aparecieron en el dictamen aprobado.
En ese entonces, solicitaba que las y los elementos de seguridad pública obtuvieran capacitaciones para evitar abuso policial. También proponía siete principios para el uso de la fuerza pública.
Estaba “Legalidad” para tener acciones apegadas a derecho; “Prevención” para minimizar daños; “Proporcionalidad” para determinar el nivel de fuerza proporcional al riesgo enfrentado.
“Rendición de Cuentas y Vigilancia” creaba controles para evaluar el uso de dicha fuerza. “Racionalidad” valoraba si era necesario proceder de forma violenta; y “Oportunidad” indicaba que los oficiales tenían la obligación de evitar cualquier acción que ponga en riesgo a personas ajenas.
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