Dos socias del exrector y expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, no fueron vinculadas a proceso por el presunto delito de defraudación fiscal.
Según medios de comunicación, las señaladas son las socias e integrantes del Consejo de Administración de “Contabilidad del Siglo XXI”, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez.
La Fiscalía General de la República (FGR) las acusaba de un supuesto daño a la hacienda federal por siete millones 48 mil 704.58 pesos. Esto debido a que no pagaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2014 a 2017.
De acuerdo con la fiscalía, durante esos años la empresa generó 46 millones 991 mil 363.85 pesos. De dicha cantidad, ambas señaladas tenían que pagar impuestos por 662 mil 851.58 pesos en 2014 y 552 mil 475.60 pesos en 2015.
En cuanto a 2016, la cantidad ascendió a dos millones 685 mil 478.66 pesos, y en 2017 la cantidad era tres millones 147 mil 898.34 pesos. En total, María Luisa Montalvo y María Campos no pagaron siete millones 48 mil 704.58 pesos, lo que calificaba como presunto delito de defraudación fiscal.
Sin embargo, el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, Salvador Rodríguez Mendoza, decidió no continuar con el proceso. Indicó que la FGR violó el derecho del secreto bancario de las señaladas, puesto que reveló a terceros la información privada que está en sus bancos.
Además, explicó que la fiscalía también incumplió con la orden para obtener de manera legal los datos para la acusación. El juez Salvador Rodríguez indicó que el personal ministerial obtuvo más datos de los autorizados por una orden judicial.
Con base en dichos argumentos, decidió no vincular a proceso a las socias de Gerardo Sosa, María Luisa Montalvo y María Campos, por defraudación fiscal.
La relación entre “Contabilidad Siglo XXI” y Gerardo Sosa
La empresa de “Contabilidad Siglo XXI” de María Luisa Montalvo y María Campos está relacionada con el exrector Gerardo Sosa en un esquema de lavado de dinero en la UAEH.
El 31 de agosto de 2020, la FGR arrestó a Gerardo Sosas en la Ciudad de México por lavado de dinero y delincuencia organizada. Los señalamientos indicaban que el exrector desvió más de 58 millones de pesos a través de empresas fantasmas.
Entre dichas empresas estaba “Contabilidad Siglo XXI”, así como “Eficiencia en Negocios y Asociados” e “Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo”.
Posteriormente, el 6 de septiembre, el juez adscrito al penal de “El Altiplano”, Gregorio Salazar Hernández, lo vinculó a proceso. En ese sentido, quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Almoloya, en el Estado de México.
Pese a ello, el 3 de febrero de 2023, el mismo juez ordenó que el acusado continuara su proceso en prisión domiciliaria. Explicó que la defensa demostró un deterioro en su salud en Gerardo Sosa debido a tres operaciones.
Además, el 11 de junio, el actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, intervino para que el acusado obtuviera arraigo domiciliario.
Posteriormente, el 24 de mayo de 2024, el juez Gregorio Salazar cambió de nuevo la medida cautelar del exrector. Ordenó que utilizara un brazalete electrónico para monitorear su ubicación con el fin de permitirle dejar su confinamiento.
Además, el 26 de septiembre, lo absolvió de su proceso penal de lavado de dinero al asegurar que la FGR no presentó pruebas suficientes para continuar con el caso.
La actualidad del caso de Gerardo Sosa
El 21 de noviembre de ese mismo año, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita apeló el fallo. Aseguró que el juez actuó incongruentemente y no valoró las pruebas de la FGR para favorecer a Gerardo Sosa.
Por esos motivos, el pasado 3 de abril, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito mexiquense desestimó el fallo de Gregorio Salazar. Además, lo señaló de “evidente ineptitud” ya que el exrector “pagó sus impuestos”.
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En ese sentido, ordenó que la FGR retomara el caso de lavado de dinero en contra de Gerardo Sosa. Posteriormente, el 30 de abril, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) arrestó al extesorero de la UAEH, Francisco Natalio Zamudio.
Argumentó que el sujeto era el operador financiero de Gerardo Sosa y formó parte del desvío de 58 millones de pesos. Sin embargo, el 6 de mayo, el juez Gregorio Salazar lo absolvió de los cargos porque la FGR no demostró su vínculo con el esquema.
Dos días después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que dicho juez pertenecía a una red de jueces con fallos cuestionables.
Según el funcionario, de octubre de 2024 a abril de 2025, emitió 193 fallos que beneficiaron a personas vinculadas a cárteles de drogas y otros delitos. Esto pese a que el Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social recomendó no hacerlo.
Posteriormente, el pasado 3 de octubre, Gerardo Sosa reapareció en la marcha de la autonomía universitaria de la UAEH en Pachuca. Confirmó que su proceso penal continuará a finales de octubre con su siguiente audiencia.
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