El líder del Grupo Universidad y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, tendrá que reanudar su proceso penal por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada en agosto de este 2025.
Según medios de comunicación, el Poder Judicial de la Federación convocó a comparecer al también expresidente del Patronato de la UAEH, junto a María Cruz Campos Álvarez. Dicha mujer es señalada por crear la empresa “Contabilidad del Siglo XXI”, utilizada para la presunta triangulación de 58 millones de pesos.
La audiencia está programada para el 29 de agosto de este 2025, en el Centro de Justicia Penal Federal, a las 10:12 horas. Sin embargo, si no asisten los acusados, el Poder Judicial liberará órdenes de aprehensión en su contra.
Asimismo, recibirían una multa de 100 unidades de medida y actualización (UMA), equivalentes a 11 mil 314 pesos.
Las autoridades judiciales reanudarán el proceso penal contra Gerardo Sosa por lavado de dinero en la UAEH. Esto luego de que el juez Gregorio Salazar lo exoneró, siendo un fallo revocado por el Poder Judicial de la Federación, debido a que no tenía facultades para ello.
Además, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, señaló al juez como uno de los perfiles que han emitido fallos a favor de presuntos criminales.
El caso de Gerardo Sosa
El 31 de agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Ciudad de México a Gerardo Sosa por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
En ese entonces, el exrector de la UAEH era señalado por desviar más de 58 millones de pesos a través de empresas fantasmas. Utilizando recursos de la universidad, envío el dinero a las empresas “Contabilidad del Siglo XXI”, “Eficiencia en Negocios y Asociados”, así como a “Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo”.
Con las acusaciones, el juez Gregorio Salazar lo vinculó a proceso el 6 de septiembre. Gerardo Sosa quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) mexiquense de Almoloya.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2023, el mismo juez, adscrito a dicho penal, ordenó que estuviera en prisión domiciliaria. Favoreció al argumento de la defensa que afirmaba un deterioro de salud del exrector, debido a tres operaciones.
El ahora coordinador de las y los senadores de Morena en el Congreso de la Unión, Adán Augusto López Hernández, reveló el 11 de junio del mismo año que intervino para que Gerardo Sosa estuviera en arraigo domiciliario.
Posteriormente, el 24 de mayo de 2024, Gregorio Salazar volvió a cambiar la medida cautelar del acusado. Ahora permitiéndole utilizar un brazalete electrónico para monitorear su ubicación y poder dejar su confinamiento.
El 26 de septiembre de ese año, el juez absolvió a Gerardo Sosa de su proceso penal por lavado de dinero en la UAEH. Justificó que venció el plazo de cuatro años para fijar una condena. Igualmente, dijo que las pruebas presentadas por la FGR durante el proceso no eran suficientes para continuar con el caso.
Reabren caso por irregularidades de Gregorio Salazar
Ante esto, el 21 de noviembre del mismo año, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita presentó una apelación contra el fallo del juez.
La agente de dicha unidad, Elvia Ángeles Pérez, argumentó que Gregorio Salazar actuó de forma incongruente. Además, dijo que no valoró las pruebas presentadas, con tal de favorecer al exrector de la UAEH.
A su vez, acusó que el juez desestimó los cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada porque el acusado “pagó sus impuestos”.
Por estas razones, el pasado 3 de abril, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito mexiquense desestimó el fallo de Gregorio Zalazar, señalándolo de “evidente ineptitud”, por lo que ordenó reabrir el caso.
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Posteriormente, el 30 de abril, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) también arrestó al extesorero de la UAEH, Francisco Natalio Zamudio, quien era operador financiero de Gerardo Sosa. Las autoridades señalaron que formó parte del desvío de los 58 millones de pesos.
Sin embargo, el 6 de mayo, Gregorio Zalazar lo absolvió de los cargos. Esto al señalar que la FGR no logró demostrar su vínculo con dicho lavado de dinero.
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