Integrantes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) fueron exhibidos en redes sociales presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas y realizando una fiesta al interior de las instalaciones de la corporación.
Las imágenes y videos difundidos muestran a personal de la unidad participando en una reunión dentro del inmueble. El hecho generó críticas de usuarios en la red, quienes cuestionaron el uso de instalaciones públicas para actividades ajenas a las funciones institucionales.
Ante la difusión del material, ciudadanos exigieron a las autoridades investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los servidores públicos involucrados.
Procuraduría de Hidalgo abre investigación interna
Al respecto, el encargado de despacho de la Procuraduría de Hidalgo, Francisco Hernández Hasbun, reveló que tenía conocimiento de la fiesta al interior de las instalaciones.
En este sentido, dijo que el Órgano Interno de Control (OIC) ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido.
El funcionario reconoció que este tipo de conductas afectan la imagen de la institución. En este sentido, dijo que no tolerará estas actitudes y que corresponderá al OIC determinar si existen responsabilidades administrativas.
Asimismo, indicó que uno de los servidores públicos señalados en los videos es Manuel García Guzmán, director de la UECS. Dijo que presuntamente el fue quien ingresó las bebidas alcohólicas al inmueble.
Antecedentes de sanciones por fiestas en oficinas públicas
Uno de los casos más conocidos ocurrió el 30 de octubre de 2020, cuando se realizó una fiesta en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. En ella, participó el entonces titular de la dependencia, Olaf Hernández Sánchez, junto con otros funcionarios.
Aunque la reunión se llevó a cabo durante la emergencia sanitaria por Covid-19, los videos se hicieron públicos hasta marzo de 2021. El hecho provocó críticas por el uso de instalaciones gubernamentales para actividades recreativas.
Tras la polémica, Olaf Hernández solicitó licencia a su cargo y posteriormente la Secretaría de Contraloría estatal lo sancionó con una inhabilitación de seis meses para ejercer funciones públicas. Otros exservidores públicos involucrados recibieron sanciones de hasta dos años de suspensión.
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