En lo que va de 2025, las policías municipales de Hidalgo han estado en el centro de la polémica debido a acciones cuestionables que ha afectado su imagen pública, entre ellas, destacan casos de negligencia, abusos de autoridad y agresiones contra personas detenidas.
En un contexto de creciente inseguridad e impunidad, ciudadanos y familiares de víctimas han denunciado irregularidades en el actuar de los elementos de seguridad de al menos cinco municipios.
Desde detenciones con uso excesivo de la fuerza en Tizayuca y Pachuca, hasta omisiones que obstaculizan el acceso a la justicia, estos casos evidencian una crisis en el sistema de seguridad que demanda respuestas y sanciones.
Negligencia de policías municipales
El pasado 12 de enero ocurrió un accidente en Tulancingo provocado por Luis Arturo Sandoval, familiar de los dueños de “Funerales Sandoval”. El incidente dejó dos personas heridas y cinco afectadas debido a los daños materiales.
Elementos de la Policía Municipal detuvieron al responsable tras el accidente. Sin embargo, poco después lo dejaron en libertad y se negaron a ponerlo a disposición del Ministerio Público.
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En este sentido, las víctimas acusaron que Luis Arturo Sandoval utilizó sus influencias en la región para evitar asumir la responsabilidad de los daños. Incluso denunciaron que, debido a esto, las autoridades judiciales se niegan a avanzar con la denuncia presentada.
Por otra parte, el 19 de enero, el Ayuntamiento de Mixquiahuala destituyó a dos agentes municipales debido a que se encontraban laborando bajo los efectos del alcohol. Durante una procesión religiosa que estaban custodiando, estuvieron a punto de atropellar accidentalmente a una menor de edad. Esto desató una serie de reclamos por parte de las personas que acudieron a la procesión.
De igual forma, el Ayuntamiento de Pachuca tuvo que separar de sus funciones temporalmente a tres policías municipales. Uno de ellos estuvo involucrado en un choque sobre el Bulevar Minero, mientras que los otros dos son investigados por presuntamente encubrir al exdiputado Alejandro Encino Arellano tras la volcadura de su camioneta, en la carretera a La Estanzuela.
Testigos indicaron que una grúa particular retiró la unidad poco después, sin intervención oficial. Además, los ocupantes no recibieron atención médica ni rindieron declaraciones a las autoridades.
Abuso de autoridad contra detenidos
El 16 de enero de este 2025, policías municipales de Tulancingo detuvieron a tres adolescentes en la colonia Centro debido a que presuntamente estaban implicados en una riña.
Durante el aseguramiento, los agentes hicieron un uso excesivo de la fuerza. Uno de los jóvenes, de 17 años de edad, acusó que los policías municipales de este municipio de Hidalgo abusaron de su autoridad, pues lo golpearon y amenazaron.
La Secretaría de Seguridad Municipal justificó la actuación de sus elementos tras señalar que uno de los detenidos se puso violento y amenazó con usar influencias políticas.
El 17 de febrero, policías detuvieron a una pareja de motociclistas que circulaba sin casco en la zona de Plaza Alameda en Tizayuca. La situación escaló cuando los detenidos se resistieron, lo que derivó en un forcejeo.
Durante la intervención, se produjo un enfrentamiento: una oficial luchaba contra la mujer detenida, mientras otro agente rociaba gas lacrimógeno al conductor. Además, otro policía le propinó un rodillazo al hombre. Las autoridades justificaron el uso de la fuerza al afirmar que los detenidos se mostraron resistentes.
El 19 de marzo, ocurrió otro caso de brutalidad policial en Tizayuca. Edgar Tlatuani Díaz Tirso denunció que estaba en la calle de un fraccionamiento, cuando agentes lo detuvieron por ser sospechoso de un delito.
Según el joven, los policías lo golpearon en la espalda, cabeza y cuerpo, le colocaron una capucha y lo torturaron dentro de la patrulla 153. Edgar Díaz explicó que intentaron sembrarle droga y amenazaron con desaparecerlo.
Tras la presión de vecinos que presenciaron el suceso, los agentes finalmente presentaron al joven a un juez cívico, quien finalmente lo liberó.
Nuevamente, el Ayuntamiento de este municipio de Hidalgo justificó el abuso de autoridad de la policía municipal, argumentando que el joven respondió con insultos, agresiones y un intento de huida.
La represión del 8M en Pachuca
Durante la marcha del 8 de marzo en Pachuca, se desató una violenta confrontación entre manifestantes y granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH). Lo anterior luego de que un presunto grupo de choque derribara las vallas que cubrían el Palacio de Gobierno, lo que provocó la intervención de los policías.
En ese momento, los oficiales comenzaron a lanzar gas lacrimógeno y a golpear a las manifestantes, dejando alrededor de 13 personas lesionadas.
Durante la represión, cuatro mujeres fueron detenidas. Acusaron que los policías las metieron al Palacio de Gobierno, donde las golpearon. Al final de la jornada, liberaron a todas las detenidas por falta de pruebas en su contra.
Por otro lado, la SSPH detuvo a dos hombres, Mauricio “N” y Jonathan “N”, a quienes señalaron como presuntos infiltrados. El 14 de marzo, un juez de control los vinculó a proceso por sedición, ultrajes a la autoridad y lesiones.
Sin embargo, desde entonces, familiares y amigos han organizado protestas en favor de los jóvenes, denunciando irregularidades en el proceso. Entre ellas, que el Ministerio Público ha desestimado pruebas que probarían su inocencia.
Posteriormente, acusaron haber recibido amenazas telefónicas y mensajes intimidatorios, lo que ha generado temor por su seguridad.
Inicialmente, la SSPH se deslindó de las agresiones ocurridas el 8M, alegando que los granaderos actuaron para proteger a las manifestantes. Días después, anunciaron que sancionarían a los oficiales que actuaron de manera indebida, aunque hasta el momento no se ha hecho efectiva ningún castigo
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