La activista de la colectiva “Mercadita Las Insurgentas”, Alva Rivera, denunció que enfrenta violencia digital después de participar en las protestas para acompañar el caso de una mujer víctima de violencia vicaria en Pachuca.
En entrevista con CENTRAL Hidalgo, relató que entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre participó en manifestaciones pacíficas para respaldar a Gabriela Esparza, quien recibió una sentencia que la obliga a pagar 180 mil pesos a su expareja, pese a que no ve a su hija desde hace ocho años.
Durante las movilizaciones, la colectiva instaló un tendedero de denuncias en los Juzgados Penales de Pachuca. Esto, para que las víctimas expresaran sus testimonios contra sus agresores.
Sin embargo, días después comenzaron a circular mensajes en redes sociales, principalmente WhatsApp y Facebook, que la acusaban falsamente de extorsionar a padres deudores.
Me enumeran una carpeta de investigación en la que en esta publicación me nombran como una mujer que extorsiona a padres deudores y no deudores, cosa que es totalmente falsa”.
Alva Rivera señaló que la situación escaló cuando personas desconocidas filtraron documentos de su planeación docente. También datos sobre su centro de trabajo, nombre completo y horarios.
Dan señas de dónde trabajo, quién soy, nombre completo, pues casi casi a qué hora salgo y sobre todo, pues esta carpeta, que según tengo una carpeta de investigación por extorsión”.
PGJEH no aclaran motivo de la carpeta abierta en su contra
Alva Rivera acudió con una abogada para solicitar información sobre las acusaciones. Dijo que al presentarse ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), el personal le informó que existía una carpeta de investigación por extorsión, aunque no le proporcionaron detalles.
Mis abogados ya se acercaron. Antes estaba en la Fiscalía de Delitos por Secuestro y Extorsión; ahora está en el Ministerio Público, me parece. Y sin embargo, a pesar de que yo tengo un seguimiento con mis abogados, pues aún no les dan razón de mi carpeta”.
La activista señaló que esta falta de información vulnera sus derechos, ya que se enteró del procedimiento a través de publicaciones falsas.
Respecto a la filtración de documentos, Alva Rivera afirmó que las autoridades educativas la han acompañado dentro de sus atribuciones.
Mi directiva me ha mostrado todo su apoyo. En cierto momento, yo fui a preguntar (a la SEPH) qué es lo que procedía; también me dieron orientación legal al respecto”.
Acusa fallas en los protocolos y pide reformas
La activista aseguró que los protocolos institucionales para atender la violencia digital en Pachuca avanzan con lentitud. Esto debido a trámites excesivos y falta de seguimiento por parte de la Policía Cibernética.
También señaló que los procedimientos para solicitar apoyo al C5i requieren varios pasos que retrasan la atención.
Dijo que la falta de mecanismos ágiles afecta tanto a activistas como a víctimas sin acceso a orientación legal.
Si esto se lo están haciendo a las activistas, de cierta manera, pues el tener la voz mediática y eso nos facilita conseguir justicia; ahora imaginemos a quien no tiene ese acceso o lo desconoce. O sea, es muy difícil este camino de la justicia”.
Alva Rivera pidió al Congreso del Estado y al Gobierno de Hidalgo reformar los protocolos y leyes que protejan a las víctimas de violencia digital, así como a quienes defienden derechos humanos.
Esto es la punta del iceberg, porque si pueden atacar con tanta facilidad de manera mediática y dar con documentos personales (…), ya no quita que el día de mañana yo saliendo de mi trabajo, estas personas hagan de las suyas (…). Urge una reforma que proteja a las y los activistas por los derechos humanos”.
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