El Gobierno de Hidalgo gastó más de seis millones y 500 mil pesos en la compra de más de 500 vallas metálicas utilizadas en varios inmuebles durante la marcha del 8M en Pachuca, informó el titular de la Oficialía Mayor, Edgar Orlando Ángeles Pérez.
El funcionario explicó a medios de comunicación que decidieron instalar estas estructuras para “proteger” la inversión hecha en el mantenimiento y conservación de varios inmuebles de la capital.
Afirmó que realizaron la adquisición mediante una adjudicación directa a mediados de enero del 2025.
En este sentido, varios reporteros cuestionaron la utilidad de las vallas metálicas. Esto debido que al final, las derribaron, sumado a que el Palacio de Gobierno recibió pintas durante la noche del 8 de marzo, tras la protesta.
Orlando Ángeles justificó que las vallas cumplieron su función, pues tampoco pueden dejarlas fijas durante todo el año.
De igual forma, negó que el gasto en las vallas de seguridad para la marcha del 8M sean consecuencia de una política donde el Gobierno de Hidalgo no escuche a la ciudadanía. Insistió en que dicha medida era solo para proteger el patrimonio histórico.
El oficial Mayor reconoció que era más barato volver a pintar los inmuebles ante algún daño, en lugar de colocar las vallas.
¿Qué ocurrió en la marcha del 8M en Pachuca?
El pasado 8 de marzo, un presunto grupo de choque causó daños en el interior del Reloj Monumental de Pachuca y en Palacio de Gobierno. En ambos espacios se colocaron vallas de seguridad en Pachuca.
Organizadoras de la marcha del 8M denunciaron la presencia de infiltrados en esta manifestación donde participaron alrededor de seis mil mujeres.
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Ante dicha situación, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) reaccionaron de forma violenta, usando gases lacrimógenos, extintores y golpes contra manifestantes.
En el sitio, al menos cuatro mujeres fueron detenidas, aunque quedaron en libertad esa misma noche. “Andrea” relató que, tras su detención, la llevaron junto con su hermana a un sótano dentro del Palacio de Gobierno, donde elementos de seguridad presuntamente las golpearon.
Por su parte, “Reina” afirmó que un granadero la golpeó en el abdomen con una macana. Mientras que “Valeria” aseguró haber recibido un ladrillazo en la espalda por parte de una uniformada.
Otra de las asistentes, “Marisa”, relató que los policías le rociaron gas lacrimógeno directamente en el rostro, lo que le provocó lesiones. Las afectadas responsabilizaron a las autoridades por el uso excesivo de la fuerza contra la protesta feminista.
Al menos diez personas afectadas en la protesta presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (SSPH).
De igual forma, las autoridades aprehendieron a dos presuntos infiltrados. El pasado 11 de marzo, un juez de control dictó prisión preventiva en su contra, por los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad.
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