Vecinos acusaron la construcción ilegal de un relleno sanitario en el municipio de Singuilucan, ubicado en los límites con Epazoyucan. Aseguraron que dicho proyecto avanza sin los permisos ambientales requeridos por las autoridades federales y estatales, generando un grave daño para la población aledaña.
Según medios de comunicación, la obra avanzó en diciembre del 2024 con la perforación de celdas y colocación de membranas en un terreno de aproximadamente dos hectáreas, conocido como el rancho San Cayetano.
Las y los residentes de la comunidad del Mercillero, perteneciente a Singuilucan, temen que la operación del relleno sanitario contamine los mantos acuíferos cercanos, que están a poca profundidad. Además, varias familias viven a escasos metros del perímetro del proyecto. Así lo expuso uno de los vecinos al periódico La Jornada Hidalgo.
A solo dos kilómetros se encuentra el pozo que abastece a nuestra comunidad y a otras poblaciones cercanas. No podemos permitir que este relleno sanitario ponga en riesgo nuestro recurso más vital”.
A ello se suma que hay una barranca en los alrededores que sirve como cauce natural para el agua pluvial. Este relleno sanitario ilegal podría contaminar el agua, afectando a la salud de las comunidades cercanas de Singuilucan y Epazoyucan.
Con ello, dichos colonos aseguraron que la construcción de este espacio carece de los permisos necesarios de las autoridades ambientales.
Autoridades no intervienen en el relleno sanitario de Singuilucan
Pese a las quejas, las autoridades no han tomado medidas para frenar la construcción. Los vecinos de Epazoyucan acudieron al alcalde Carlos Montaño Rodríguez, quien prometió reportar el caso a las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no tienen respuesta.
Además, autoridades de Singuilucan también confirmaron la presencia de la obra, pero sin intervenir.
Algunos vecinos consideraron que el dueño del terreno donde está el nuevo relleno, Bernardo Sosa, podría estar aprovechando influencias políticas para continuar con el proyecto.
Los afectados solicitaron la intervención del gobernador Julio Menchaca Salazar para detener el proyecto, que consideran causará un daño ambiental irreversible.
Dichos habitantes advirtieron que, de no obtener respuesta, recurrirán a medidas más drásticas, como el cierre de carreteras.
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