Colectivas feministas de Hidalgo y otros estados rechazaron el nombramiento de Carlos Barra Moulian como titular de Radio y Televisión de Hidalgo, tras recordar que en 2020 lo señalaron públicamente de acoso contra alumnas y compañeras de trabajo cuando se desempeñaba como catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En un comunicado difundido este fin de semana, Ley Sabina Hidalgo y organizaciones feministas de alcance nacional señalaron que Carlos Barra Moulian apareció en tendederos de denuncia instalados en espacios universitarios. Ahí estudiantes y trabajadoras lo acusaron de conductas de acoso.
Las colectivas señalaron que estos antecedentes forman parte del dominio público y la administración estatal no los consideró en el proceso de designación.
Las organizaciones reconocieron que Hidalgo ha registrado avances en materia de derechos de las mujeres, derivados de reformas legales y políticas públicas. Sin embargo, advirtieron que este nombramiento contradice el discurso institucional de cero tolerancia a la violencia de género.
Las colectivas señalaron que la designación envía un mensaje negativo a la ciudadanía. Esto debido a que coloca al frente de un medio público a una persona con señalamientos por violencia de género.
Asimismo, añadieron que esta decisión contribuye a normalizar este tipo de conductas y debilita la confianza en las instituciones.
Las colectivas también cuestionaron la congruencia del gobierno de Hidalgo al promover políticas de igualdad y prevención de la violencia, mientras designa perfiles como el de Carlos Barra Moulian, señalado de acoso sexual.
Subrayaron que Radio y Televisión de Hidalgo tiene una función social clave y debe operar con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Piden a Julio Menchaca revisar nombramiento del titular de Radio y Televisión
Por ello, solicitaron al gobernador Julio Menchaca Salazar revisar el nombramiento de Carlos Barra como titular de Radio y Televisión conforme a la Ley 3 de 3 contra la violencia.
Asimismo, establecer criterios claros de ética pública y adoptar medidas verificables para evitar la revictimización y la normalización de la violencia en el ámbito institucional.
Finalmente, las organizaciones aclararon que buscan responsabilidad institucional y debida diligencia en los procesos de nombramiento.
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