La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra 38 ayuntamientos de Hidalgo, debido a que establecieron cobros excesivos de varios servicios dentro de sus leyes de ingresos de 2025.
Dicho organismo autónomo presentó estas impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El objetivo es invalidar las tarifas y garantizar que se ajusten a los principios de justicia tributaria.
En su impugnación, la CNDH señaló que varias administraciones municipales fijaron montos elevados para la expedición de copias certificadas, constancias y documentos archivados. Según el organismo, los cobros no corresponden a los costos reales del servicio y varían sin justificación, lo que afecta el derecho de acceso a la información.
Las tarifas impugnadas oscilan entre 49.90 y 275.10 pesos por certificaciones, de 14.80 y 114.70 pesos por constancias y entre 5.50 y 282.60 pesos por copias digitalizadas.
El organismo también cuestionó el cobro por alumbrado público en los municipios señalados. La CNDH argumentó que esta tarifa no debería incluirse en las leyes de ingresos de los ayuntamientos de Hidalgo, ya que la única instancia autorizada para realizar este cobro es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La CNDH advirtió que estas medidas podrían afectar a la población, ya que representan un gasto adicional sin un sustento claro.
Los municipios que incurrieron en cobros excesivos son Acatlán, Alfajayucan, Ajacuba, Actopan, Apan. Así como Atitalaquia, Ixmiquilpan, Huejutla de Reyes, Huichapan y Mineral de la Reforma, entre otros.
La SCJN analizará la legalidad de estos cobros y determinará si los municipios deben modificar sus tarifas.
Cabe destacar que el Congreso del Hidalgo validó estos incrementos en las leyes de ingresos municipales. Desde entonces, el presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Moreno, aseguró que frenarían cualquier aumento por encima de la inflación al aprobar las tarifas.
CNDH emite recomendaciones al IMSS tras muerte de mujer adulta en Hidalgo
El 18 de diciembre del 2024, la CNDH emitió una recomendación contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo debido a la presunta negligencia médica que derivó en la muerte de una mujer adulta mayor con enfermedad renal.
La CNDH determinó que el personal médico violó derechos fundamentales como la vida, el trato digno y la atención prioritaria. Esto, al no proporcionar los cuidados adecuados ni informar correctamente a la paciente y sus familiares.
La mujer padecía daño renal hepático en etapa 5 y diabetes, por lo que requería atención médica constante. Entre marzo y septiembre de 2023, acudió a diversos hospitales del IMSS en Tlaxcoapan, Tula, Tepeji del Río y Pachuca por complicaciones de salud.
En septiembre de ese año, personal médico le colocó un catéter, pero no brindó las indicaciones necesarias para su cuidado, lo que agravó su estado de salud.
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De esa forma, la paciente pasó de una clínica a otra, sin recibir la atención adecuada durante dos meses. Finalmente, el 21 de diciembre de 2023 ingresó de urgencia al Hospital General 36 con síntomas graves, incluyendo sangrado nasal, fatiga y pérdida de apetito. A pesar de recibir tratamiento, presentó una crisis convulsiva y falleció el 28 de diciembre.
Tras la queja interpuesta por los familiares, la CNDH concluyó que la falta de atención adecuada y oportuna por parte del IMSS derivó en una vulneración a los derechos de la paciente.
Como respuesta, el organismo emitió la recomendación 282/2024, donde solicitó al IMSS indemnizar a la familia de la víctima. Así como brindar atención psicológica y tanatológica e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas.
Además, exigió el inicio de procedimientos administrativos contra los responsables de la negligencia.
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