Una joven acusó la falta de capacitación en primeros auxilios del personal de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), luego de que no respondieran de manera adecuada ante una emergencia ocurrida en el Instituto de Ciencias Agropecuarias (ICAP) en Tulancingo
Según publicó en redes sociales, su hermano, quien es menor de edad, sufrió un desmayo mientras esperaba el Garzabús en una zona concurrida del ICAP.
Aseguró que ninguna persona intervino para apoyar al estudiante, ni siquiera el elemento de Protección Universitaria que estaba en el sitio. En cambio, solo observaron la escena sin actuar.
Una amiga del menor desmayado pidió apoyo entre los testigos, pero tampoco obtuvo respuesta. La denunciante subrayó que, aunque esta vez se trató solo de un desmayo, la situación podría haber sido más grave.
Además, cuestionó el papel del personal médico que, en teoría, debe estar disponible para todos los estudiantes, pero que no apareció en ese momento.
Por ello, la usuaria pidió a la UAEH que implemente medidas urgentes para garantizar que su personal, tanto administrativo como de vigilancia en el ICAP, reciba capacitación básica en primeros auxilios.
Hasta el corte de esta edición, la máxima casa de estudios de Hidalgo no ha emitido ningún comunicado al respecto.
Ordenan reabrir caso contra Gerardo Sosa por lavado de dinero
El Poder Judicial del Estado de México ordenó reabrir el proceso penal contra el exrector de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Esta decisión revoca su absolución y restablece la medida cautelar de prisión domiciliaria.
El pasado 27 de marzo, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito mexiquense sesionó para analizar el caso.
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Los magistrados Rodolfo Martínez Abarca, Fernando Córdova del Valle y Betsabé Canseco Sosa invalidaron la resolución emitida por el juez Gregorio Salazar Hernández. Este previamente había exonerado a Gerardo Sosa y eliminado la prisión domiciliaria.
Los magistrados concluyeron que la solicitud presentada por la defensa del acusado fue entregada ante órgano judicial incorrecto. Afirmaron que el juez Gregorio Salazar, adscrito al penal del Altiplano, no tenía la competencia para resolver el asunto. Consideraron que actuó con ineptitud al tomar el caso, por lo que anularon su fallo y ordenaron que el líder del Grupo Universidad regrese a prisión domiciliaria.
El caso se remonta al 31 de agosto de 2020, cuando la Fiscalía General de la República detuvo a Gerardo Sosa acusado de desviar 58 millones de pesos de la UAEH a través de empresas privadas.
El juez Gregorio Salazar lo vinculó a proceso días después, por lo que ingresó al penal federal de Almoloya.
En 2023, tras alegatos de deterioro en su salud, el juez cambió su medida cautelar a prisión domiciliaria. Más tarde, en 2024, lo absolvió, señalando que el tiempo legal de investigación ya había vencido y que las pruebas presentadas eran insuficientes.
Tras eso, la FGR presentó una apelación donde acusaron que el juez cometió omisiones en la validación de pruebas.
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