Integrantes de la Fundación Arturo Herrera Cabañas (FAHC) rechazaron que utilicen con fines de lucro el inmueble que ocupan en el Centro Histórico, como señaló el gobierno estatal.
La postura se dio después de que el coordinador jurídico del gobierno de Hidalgo, Raúl Serret, informó que iniciaron el proceso de rescisión del comodato firmado desde 2022. Esto al considerar que la fundación incumplió el acuerdo. Ante ello, representantes de la Fundación negaron esa versión.
Tonatiuh Herrera Gutiérrez, representante de la fundación, explicó que instalaron una barra de café para financiar las actividades culturales que realizan. Sin embargo rechazó que obtengan ganancias económicas.
El promotor cultural añadió que desde 2021 la organización no recibe apoyo económico gubernamental. Por ello, dijo, han recurrido a alternativas para sostener el trabajo cultural independiente que desarrollan.
De acuerdo con Tonatiuh Herrera, la fundación destina alrededor de 15 mil pesos mensuales para el funcionamiento del inmueble. También rechazó que la casona enfrente riesgo de colapso.
Afirmó que la Subsecretaría de Protección Civil estatal no ha realizado una revisión del inmueble. Por ello, señaló, solicitaron inspecciones para conocer las condiciones reales en las que se encuentra la propiedad.
Asimismo, indicó que cuando Arturo Herrera Gutiérrez se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no solicitaron recursos federales para evitar un conflicto de interés.
De la misma manera, sostuvo que el proceso legal continúa en revisión. En este sentido recordó que, desde hace 32 años, la Fundación Arturo Herrera Cabañas organiza actividades culturales y artísticas independientes y sin fines de lucro en Pachuca.
Gobierno de Hidalgo acusa irregularidades en inmueble ocupado por la fundación
La secretaria de Cultura estatal, Neyda Naranjo, informó que el gobierno busca recuperar el inmueble para construir un Museo de la Ciudad. Dijo que ahí se realizarán actividades artísticas públicas y gratuitas.
La funcionaria enfatizó que el inmueble pertenece al gobierno estatal. En ese sentido señaló que, si se violó el convenio de comodato, el estado puede recuperar el bien para desarrollar un espacio cultural público.
Sin embargo, la Fundación sostuvo que se trata de una medida arbitraria y la atribuyó a una represalia. Esto tras señalar que la organización ha mantenido una postura crítica hacia autoridades estatales.
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