Las diputadas Tania Meza Escorza, de Morena, y Claudia Lilia Luna Islas, del Partido Acción Nacional (PAN), presentaron una iniciativa para tipificar el acoso sexual en el Código Penal del Estado de Hidalgo. Lo anterior, con el objetivo de ampliar las denuncias a casos que no impliquen una relación de subordinación entre víctima y agresor.
Durante la sesión del pasado 7 de noviembre, las legisladoras explicaron que la propuesta busca que las agresiones sexuales también puedan denunciarse cuando ocurran en espacios públicos o transportes, y no únicamente en entornos laborales, escolares o domésticos.
En este sentido, la iniciativa plantea modificar el artículo 189 Bis del Capítulo VI “Hostigamiento Sexual”. Esto para aumentar las penas y precisar las circunstancias del delito.
De acuerdo con la propuesta, la persona que use su relación laboral, docente, doméstica o cualquier vínculo de subordinación para obtener beneficios sexuales cometerá hostigamiento sexual.
Las sanciones pasarían de tres meses a dos años de prisión a un rango de uno a tres años. Además de una multa de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 11 mil 314 y hasta 33 mil 942 pesos.
El marco actual establece multas entre 4 mil 525 y 9 mil 51 pesos, lo que representa un incremento significativo en la penalidad.
Si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad o sin capacidad para comprender el hecho, la sanción se duplicaría. Debido a ello, alcanzaría de dos a seis años de prisión y multas de 22 mil 628 a 67 mil 884 pesos.
Nuevo capítulo para el delito de acoso sexual
Además, las diputadas propusieron crear el Capítulo VII “Acoso Sexual”, con el artículo 189 Ter del Código Penal de Hidalgo, para definir este delito como el asedio o conducta sexual lasciva cometida por una persona sin relación de subordinación con la víctima.
El acoso sexual sería castigado con tres meses a dos años de prisión. También con multas de 4 mil 525 a 9 mil 51 pesos, además de sanciones laborales y administrativas.
La pena se duplicaría si el delito se comete en espacios públicos o transportes. También si el responsable es servidor público, docente o personal administrativo de una institución educativa o de asistencia social. En estos casos, la sanción alcanzaría de seis meses a cuatro años de prisión. También una multa de 9 mil 51 a 18 mil 102 pesos.
La Mesa Directiva del Congreso de Hidalgo turnó la iniciativa a la Primera Comisión de Seguridad y Justicia, donde será analizada, discutida y eventualmente dictaminada.
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