Desde el Congreso de Hidalgo presentaron una reforma para regular el uso de la fuerza pública y evitar el abuso policial por parte de corporaciones municipales y estatales.
Durante la sesión del 18 de junio, el priista Marco Antonio Mendoza Bustamante subió a tribuna y explicó que el objetivo es garantizar la protección de los derechos humanos para evitar la aplicación arbitraria o excesiva de la fuerza.
Propuso agregar un nuevo título a la Ley de Seguridad Pública del Estado, denominado “Fuerza Pública”. Dicho apartado tendría dos artículos nuevos.
El primero sería el artículo 203, llamado “Concepto y fines”. En dicho apartado se explicaría la definición de la fuerza pública:
Es el instrumento legítimo mediante el cual los integrantes de las instituciones de seguridad hacen frente a las situaciones, los actos y hechos que afectan o ponen en peligro la preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, así como la integridad y los derechos de las personas, a fin de asegurar y mantener la vigencia de la legalidad y el respeto de los derechos humanos”.
Además, el mismo artículo indicaría que las y los elementos de seguridad tendrían que capacitarse para usar la fuerza con responsabilidad. Dicha reforma ayudaría a evitar un abuso policial en Hidalgo.
Plantean “principios” para evitar exceso de fuerza
Por su parte, el artículo 204 indicaría que los agentes deben regirse por siete principios para hacer uso de la fuerza pública. Uno de ellos sería el principio de “Absoluta Necesidad”, con el cual, solo emplearían la fuerza como última alternativa.
Con el principio de “Legalidad”, los elementos de seguridad solo harían acciones apegadas a derecho y tratados internacionales. Por su parte, el principio de “Prevención” establece acciones que minimicen los daños causados por la fuerza pública.
Por su parte, “Proporcionalidad” determinaría que las y los agentes deben emplear un nivel de fuerza proporcional al riesgo enfrentado. En cambio, mediante la figura de “Rendición de Cuentas y Vigilancia” crearían controles que permitan evaluar dicha ejecución de la fuerza pública.
Asimismo, bajo el principio de “Racionalidad”, las y los policías tendrían que valorar las circunstancias de cada caso para determinar si proceden de forma violenta.
Finalmente, con la figura de “Oportunidad”, las y los elementos tendrían la obligación de evitar cualquier acción que ponga en riesgo a personas ajenas.
Sin embargo, la reforma nos señala alguna sanción contra las y los agentes que fallen a dichos principios y cometan algún abuso policial en Hidalgo.
La iniciativa fue apoyada por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); el Partido del Trabajo (PT) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Por ello, la Mesa Directiva turnó la reforma a la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis correspondiente.
¿Por qué proponen una reforma contra el abuso policial en Hidalgo?
Dicha iniciativa se presentó en un contexto de constantes abusos de autoridad por parte de policías en Hidalgo.
El pasado 8 de marzo, durante la marcha feminista, un presunto grupo de choque comenzó a causar destrozos en el Reloj Monumental y en el Palacio de Gobierno, ambos ubicados en la ciudad de Pachuca.
Ante esta situación, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) golpearon manifestantes y al presunto grupo de choque, dejando 13 mujeres heridas.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP “CAFÉ Y CHISMECITO”
De igual forma, las autoridades dispersaron la marcha con extintores, gas lacrimógeno y escudos granaderos.
CENTRAL Hidalgo también reportó que al menos cuatro mujeres fueron detenidas y llevadas al sótano del Palacio de Gobierno, en donde presuntamente las golpearon y amenazaron.
Pese a esta situación, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, declaró que ninguno de los oficiales señalados por herir a las mujeres enfrentaría alguna carpeta de investigación.
Te puede interesar:
dando clic en el periódico