El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que el juez Gregorio Salazar Hernández, del penal de “El Altiplano” forma parte de una red de jueces que emitieron fallos que favorecieron a presuntos delincuentes, entre estos, la liberación de Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Durante la conferencia presidencial matutina del 8 de mayo de 2025, García Harfuch presentó su informe semanal de seguridad.
Destacó que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se emitieron 193 fallos judiciales que beneficiaron a personas vinculadas a cárteles de drogas y otros delitos.
De estos, 164 fueron salidas de prisión por cambios de medida cautelar; dos salidas definitivas y 27 traslados a centros penitenciarios de baja seguridad.
El titular de la SSPC explicó que estas decisiones las tomó el juez Gregorio Salazar pese a las recomendaciones del Órgano Administrativo de Prevención y Reinserción Social.
En algunos casos, esta instancia consideró que no era recomendable modificar las medidas debido a la peligrosidad de los detenidos. Esto debido a que enfrentaban cargos por secuestro, homicidio y portación de armas.
Jueces involucrados en decisiones polémicas
Omar García Harfuch también destacó que al menos 18 jueces participaron en resoluciones polémicas durante este periodo.
Mencionó a Silvestre Peña Crespo, juez de Guanajuato, quien autorizó cinco traslados. También a Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, jueces de Sonora, que emitieron 58 y 15 cambios de medidas cautelares, respectivamente, favoreciendo a organizaciones delictivas.
El titular de la SSPC también mencionó a Gregorio Salazar Hernández, juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Lo responsabilizó por decisiones que facilitaron la liberación de personas acusadas de delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.
Los señalamientos contra Gregorio Salazar
De acuerdo con Omar García Harfuch, durante su permanencia en el penal de “El Altiplano”, el juez Gregorio Salazar presuntamente ejerció una gran influencia en el cambio de medidas cautelares para varios reclusos, permitiendo que llevaran su proceso en libertad o que quedaran exonerados.
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Entre los beneficiados por sus decisiones se encuentran Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, liberado en enero de 2023. También a Juan Enrique “N” (alias “La Pingua”) y a José Alfredo “El Contador” Cárdenas, a quienes benefició en 2024.
Además, el 24 de abril de 2025, el juez ordenó trasladar a Gerardo Ponce Alanís, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, a un penal de menor seguridad. En ese lugar, días después las autoridades incautaron armas y dinero.
También benefició a Gerardo Sosa
El juez Gregorio Salazar también emitió fallos que favorecieron a Gerardo Sosa, el líder del Grupo Universidad que mantiene el control administrativo y financiero de la UAEH.
En 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exrector por lavado de dinero. Lo acusaron de triangular 58 millones de pesos de presunta procedencia ilícita, mediante tres empresas fantasma.
Al inicio, un juez federal lo vinculó a proceso y lo envió al penal de “El Altiplano”. Tres años después en prisión, Gregorio Salazar decidió cambiar la medida cautelar y ordenó la prisión domiciliaria.
Para mayo del 2024, el mismo juez volvió a cambiar la medida cautelar, permitiendo a Gerardo Sosa salir de su casa con un brazalete. En septiembre del mismo año, finalmente lo absolvió por el delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, en abril de 2025, un tribunal mexiquense ordenó reabrir el proceso y solicitó que el exrector de la UAEH volviera a prisión domiciliaria.
Para ello, el tribunal destacó que el juez Gregorio Salazar actuó fuera de sus facultades para liberar a Gerardo Sosa Además. Señalaron que procedió con “evidente ineptitud”, al tomar el caso cuando competía al Tribunal de Enjuiciamiento.
Asimismo, las decisiones del juez Gregorio Salazar no solo beneficiaron directamente a Gerardo Sosa. El pasado 6 de mayo, decidió no vincular a proceso y liberar al extesorero de la UAEH, Francisco Zamudio Isbaile, investigado por el mismo delito que Gerardo Sosa.
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